MADRID.- El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves los esperados cambios en el partido, en el que se han ampliado cargos y renovado algunos nombres. En su discurso, Rajoy ha culpado a la crisis y a la corrupción de la pérdida de votos de los conservadores en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Y, aunque prometió luchar contra la corrupción en sus filas, uno de sus nuevos vicesecretarios está imputado por el caso de Caja España. 

Se trata de Fernando Martínez Maíllo, que fue consejero de la entidad y ahora se encargará de la Organización del partido conservador. IU y Ecologistas en Acción denunciaron a la Caja por los créditos concedidos a ciertas empresas constructoras y que terminaron por causar pérdidas millonarias a la entidad. 

"Las decisiones se tomaban como órgano colegiado y siempre con los informes de los que sabían del tema", se excusó Martínez Maíllo

Su nombramiento no ha estado exento de polémica desde que Rajoy dio su nombre. Distintas fuentes avanzaron su imputación en el caso y minutos después corrigieron el título de 'imputado'. Sin embargo, fuentes judiciales han asegurado a este diario que, finalmente, Martínez Maíllo continúa imputado a día de hoy.

Fue el Juzgado de Instrucción número 5 de León el que abrió la investigación, el pasado mes de abril, a 33 miembros del Consejo de Administración de la Caja en 2009 -entre los que se encuentra el desde hoy responsable de Organización del PP, para determinar si se llevó a cabo una "administración desleal". Todos fueron imputados después de que un informe del Banco de España remitido al juzgado asegurara que el presidente de la entidad, el constructor leonés Santos Llamas, no podía ejercer dicho cargo por las deudas que mantenía con Caja España-Duero.
El informe analiza 46 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España y Caja Duero a Santos Llamas por importe 84,9 millones de euros. Los inspectores del banco central concluyen que el 80% de estas operaciones eran de riesgo y no estaban provisionadas en la contabilidad de Caja España-Duero.

Maíllo y el resto de imputados están acusados de permitir el saqueo de las cajas castellano-leonesas Caja España, Caja Duero y Ceiss

Maíllo, al igual que los otros imputados, están acusados de permitir el saqueo de las cajas leonesas Caja España, Caja Duero y Ceiss. El juzgado investiga las razones por las cuales desoyeron dos recomendaciones del Banco de España que advertían del riesgo de concentración de créditos de dudoso cobro. Y la razón por la cual, a pesar de estas alertas, continuaron autorizando la refinanciación y líneas de créditos de las empresas constructoras de Santos Llamas.

El también presidente de la diputación de Zamora se mostró "tranquilo" ante su imputación y, en declaraciones a la prensa local se excusó apelando a que las decisiones de la Caja las tomaba siempre el "órgano colegiado" al que él pertenecía. "Las decisiones se tomaban como órgano colegiado y siempre con los informes favorables de los que sabían del tema", dijo entonces. 

Además, Martínez Maíllo respondió a unas acusaciones de los socialistas de Castilla y León asegurando que en las filas del PP no había "ningún imputado por corrupción". También en abril, el entonces candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó que el presidente del PP y de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, "no debería ir en una lista electoral estando imputado". Martínez-Maillo respondió acusándole de "atacar al contrario sin fundamento alguno para intentar esconder la propia división interna del PSOE" y aseguró que "no hay nadie acusado de corrupción en las listas del Partido Popular".

Tanto Maíllo como el PP niegan que esté imputado, pero fuentes judiciales aseguran que sí y que será llamado a declarar próximamente

Un mes después, la jueza Rocío González Boñar levantó -en teoría- la imputación a todos los consejeros implicados. El motivo, según informó la agencia castellano-leonesa Ical, se debió a que el abogado que representaba a Caja España en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad desde 2003. Se anularon entonces todas sus actuaciones y, además, una de las grabaciones que se presentaron como prueba tenía "deficiencias técnicas" que la invalidaron. Por todo ello, los consejeros no podían empezar a prestar declaración, aunque
-según la citada agencia- el caso no se ha dado todavía por cerrado.

Todo esto provocó el desconcierto de los medios de comunicación a lo largo de la tarde de este jueves, que dudaron entre mantener o no el título de "imputado" para Martínez Maíllo. Tanto el propio implicado como el PP siguen negando tal calificativo. 

Público ha confirmado en fuentes judiciales de que Martínez Maíllo sigue en situación de imputado, aunque desde otras fuentes se insista en lo contrario. La magistrada del juzgado de instrucción 5 de León, Rocío González, acordó dar más tiempo a las defensas para que estudiaran la voluminosa documentación del caso, pero Martínez Maíllo continúa en este sumario como imputado y será llamado a declarar al juzgado junto con el resto de los miembros del Consejo de Caja España-Duero próximamente.