La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a pedir este miércoles ante el Pleno del Congreso buscar consensos entre las diferentes comunidades autónomas, lideradas en su mayoría por PSOE y PP, para avanzar en el nuevo modelo de financiación, pendiente de evaluarse desde 2014. Cabe destacar que esta demanda se da en un momento en el que las relaciones entre las dos fuerzas que cuentan con más escaños en la Cámara Baja están completamente rotas, como muestra la falta de acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales.

"Yo quiero pactar el modelo con ustedes, pero con la actitud que refleja el PP es insostenible. ¿Dónde van a querer estar: haciendo ruido o aportando?", ha lanzado la ministra desde la tribuna de orradores.

A petición de Compromís, que lidera la batalla por la reforma del régimen común en el Congreso, y en medio de la creciente presión de los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), para modificar el sistema (estas dos regiones reciben una financiación efectiva por habitante por debajo del promedio), Montero ha comparecido en sede parlamentaria, donde ha apelado a "consensos parciales" para que la reforma pueda salir adelante a través de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

"Requiere de una posición política por parte de las formaciones políticas y fundamentalmente de los partidos de ámbito nacional, es obvio que aquellos partidos que representan solo una parte del territorio tienen una posición más definida, pero los partidos que tenemos carácter generalista, si me permiten esta expresión, necesitamos también en el interior de nuestras formaciones políticas acordar una posición que sea la misma en todos los territorios", ha apostillado.

La ministra ha defendido la necesidad de avanzar en la revisión del criterio de población ajustada, que "elegirá una parte sustancial del reparto", en las reuniones bilaterales mantenidas con las autonomías. Si bien, ha constatado la diversidad de criterios que priman para las diferentes comunidades autónomas y que se tienen en cuenta a la hora de negociar el sistema. 

Así, en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón "defienden que en su territorio se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población". Por su parte, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana piden "claramente" una reforma que nivele las diferentes del actual sistema dado que por población ajustada "tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes", mientras que Baleares, Catalunya y Madrid quieren tener en cuenta el "denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación".

Esta disparidad de exigencias también se ha hecho latente en el Pleno de este miércoles a través de los portavoces de las diferentes fuerzas parlamentarias independentistas, nacionalistas y autonómicas. De este modo, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha afeado al PP que desaprovechara la mayoría que ostentó entre 2011 y 2016 para no renovar el régimen común: "¡Cómo se atreven a tomar el nombre de la financiación en vano!", ha señalado.

En cuanto al Gobierno, Baldoví ha afirmado que seguirá "persistiendo" para dar cumplimiento al acuerdo de investidura y de los Presupuestos de 2021: "No podemos estar todos los años a la espera de que la ministra tome una medida u otra, sino que hay que tomar medidas que den certeza a las CCAA".

En otro orden de cosas, Montero ha señalado que las autonomías recibirán el próximo año una "transferencia extraordinaria" de unos 7.000 millones de euros, un 6,3% más que en 2021, cuya partida tiene que consignarse en el marco de las nuevas cuentas públicas que actualmente se negocian en el seno del Gobierno de coalición.