La Xunta de Galicia lleva siete años incumpliendo su promesa de modificar la normativa que regula la caza en la comunidad para impedir que los cazadores puedan disparar sus armas en el entorno de vías asfaltadas de acceso a aldeas y pequeños pueblos, por las que transitan peatones y circulan vehículos y cuya seguridad, según las asociaciones ecologistas, se pone en evidente peligro.

La ley de caza de Galicia, aprobada en diciembre de 2013 y que entró en vigor en enero de 2014, pretendía "propender a una caza más ética y responsable", pero lo cierto es que modificó a la baja muchas de las restricciones de la normativa anterior, en vigor desde 1997. Entre ellas, la prohibición de portar armas cargadas y usarlas en las inmediaciones de cualquier vía pública, que restringía la actividad cinegética a "senderos poco frecuentados". La nueva norma la extendió a todas aquellas carreteras públicas asfaltadas que no estén expresamente señalizadas como tales.

Eso sucede en la práctica totalidad del rural gallego, que cuenta con más de 30.000 núcleos de población, casi la mitad de todos los de España, a los que se accede por vías asfaltadas que no están señalizadas y por donde los vecinos transitan a diario a pie, en bicicleta, coche o autobús para llegar a sus domicilios. Según datos oficiales, más del 95% de la superficie de Galicia está considerado como territorio cinegético.

A raíz de una denuncia de la agrupación Matar por Matar, Non ante el Valedor do Pobo -una figura equivalente a la del Defensor del Pueblo-, el Gobierno autonómico se comprometió en mayo de 2015 a desarrollar en un mes la regulación de las vías públicas no señalizadas . Pero siete años después la ley no ha sido modificada ni se ha aprobado reglamento alguno que permita cumplir con la recomendación del Valedor -hoy Valedora-. Además, la Xunta ni siquiera se presta a pronunciarse sobre el tema.

"Es una burla flagrante a toda la ciudadanía y a la institución del Valedor", asegura Xulio Fernández, presidente de Matar por matar, Non, quien asegura que la pasividad y el silencio de la Xunta, tanto bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo como de Alfonso Rueda, se debe a que la ley de 2013 "fue elaborada para otorgar más privilegios al lobby de la caza".

Además, Fernández recuerda que la Xunta tampoco ha desarrollado legalmente "la obligación de señalizar las vías públicas donde se están realizando batidas", por lo que los cazadores ni siquiera tienen que advertir a los vecinos de cuándo y dónde van a disparar, ni la recomendación de poner en marcha un procedimiento rápido y eficaz para que un terreno pueda ser declarado libre de caza a petición de vecinos y propietarios de montes.

Las competencias en materia cinegética corresponden en Galicia a la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Ángeles Vázquez, exdiputada en el Congreso y exalcaldesa del municipio de Melide, un pueblo de 7.000 habitantes en el interior de la provincia de A Coruña.

En declaraciones al diario El País, Vázquez se comprometió en 2015 a desarrollar "lo antes posible" el reglamento que debía cumplir con las indicaciones del Valedor, aseguró que su departamento ya lo estaba redactando y reconoció que la ley de 2013 precisaba retoques para garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes de núcleos rurales. Más de 780.000 gallegos y gallegas, el 30% de la población de la comunidad, viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. Según la propia Xunta, de los 2,7 millones de habitantes de la comunidad sólo 50.000 son cazadores.

Público se dirigió a Medio Ambiente por teléfono y correo electrónico para interesarse por el retraso en la aprobación del nuevo reglamento y preguntarle cuándo tiene previsto cumplir su compromiso, pero la Consellería de Ángeles Vázquez no ha respondido.

Galicia es la cuarta comunidad española con más muertos y heridos por disparos de cazadores. Según una información remitida en 2020 por el Gobierno al grupo de Compromís en el Senado, nueve personas murieron y otras 47 fueron heridas en accidentes de caza en la comunidad entre enero de 2010 y septiembre de 2020. En toda España, 605 personas, de las que diecisiete eran menores de edad, fueron víctimas de esos accidentes. Cincuenta de ellas murieron.

En junio de 2016, la diputada socialista Patricia Vilán presentó en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para instar a la Xunta a modificar la ley de 2013, pero la propuesta fue rechazada con los votos del PP.