MADRID.- Día de sentimientos encontrados para Gaspar Zarrías, exconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía que ha comparecido como imputado ante el Tribunal Supremo para declarar durante tres horas y media y proclamar que él siempre confió en que todos los expedientes de ayudas sociolaborales estaban tramitados de forma correcta.

El magistrado instructor de la causa relativa a los cinco aforados, Alberto Jorge Barreiro, le ha preguntado por las empresas que fueron beneficiadas con Expedientes de Regulación de Empleo considerados irregulares por la juez Mercedes Alaya de Sevilla. 

Los "consejillos"

Zarrías ha incidido en que en los 12 "consejillos" que él presidió, siempre confió en la legalidad de las tramitaciones de los expedientes, que contaron siempre con el visto bueno del interventor general y que les llegaban en una carpeta verde para su aprobación. Los "consejillos" era el término coloquial con el que se denominaban a las reuniones de la comisión general de viceconsejeros y que presidía Zarrías. Este órgano elevaba luego los asuntos al Consejo de Gobierno.

Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en Andalucía durante 13 años, presidía estas reuniones en razón de su cargo de consejero de Presidencia. Ante el juez ha rechazado que allí tomaran decisiones ejecutivas sobre estos ERES irregulares, en contra de lo que sostiene un informe de del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

No se trataba de un órgano político sino técnico. En sus actas no se fijaba ninguna referencia a las "transferencias de financiación", que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que el habitual. Estas ayudas consistían en unas modificaciones presupuestarias del programa 31L. Zarrías ha defendido que todos los asuntos que allí trataron se tramitaron con "todos los requisitos que marca la ley".

Al término de su declaración, Zarrías ha proclamado que comparecía ante el Supremo “con sentimientos encontrados para declarar ante un tribunal, aunque sea como lo he hecho de forma voluntaria, una persona que es honrada pero junto con ello también tengo el alivio después de mucho tiempo de poder dar explicaciones” y de responder a todas y cada de las preguntas que le ha formulado Jorge Barreiro.

“La comisión general de viceconsejeros que yo presidía no tenía poder decisorio y elevaba al Consejo de Gobierno” sus propuestas, ha destacado Zarrías a las puertas del Supremo. “Siempre en todo momento y circunstancia elevaba asuntos de plena legalidad.

Nunca se elevó un tema que no tuviera todos los requisitos de legalidad”, ha insistido al tiempo que proclamaba que su “obsesión” y su objetivo en la vida ha sido “estar al lado de la gente, conocer los problemas de la gente y colaborar en que se solucionaran”. Él va a continuar en esta misma línea.

En uno de los consejillos se presentó por parte del viceconsejero de Empleo un proyecto de decreto que pretendía regular el uso de las fuentes de financiación en la concesión de las ayudas. El proyecto fue retirado por el propio viceconsejero después de ser advertido de que debía ser tramitado como orden y no como decreto, según ha aclarado Zarrías tras ser preguntado por el instructor en varias ocasiones sobre esta propuesta. Él no tuvo ninguna influencia en esa decisión, ha aclarado.

Relación con Juan Lanzas

El magistrado Jorge Barreiro también ha incidido en el interrogatorio en la relación entre Zarrías y Juan Lanzas, considerado como conseguidor de ayudas y a quien la magistrada Alaya le acusa de haber cobrado hasta siete millones de euros en comisiones.

Zarrías ha declarado que conocía a Lanzas por ser el representante sindical de la sección agroalimentaria de UGT y, en concreto, con motivo del ERE de Cárnicas Molinas. Ahora bien, ha rechazado cualquier relación personal con él, en contra de lo que sostiene Alaya en la exposición razonada que elevó al Supremo para imputar a cinco parlamentarios: los expresidentes andaluces Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros Zarrías, José Antonio Viera (Empleo) y Mar Moreno (Presidencia y Educación).

La juez cree que la concesión de las ayudas sociolaborales respondió a decisiones políticas y considera que tanto Chaves como Zarrías tenían conocimiento de este procedimiento, dentro del cual se concedieron ayudas que considera irregulares.  Todos los imputados que han declarado ante Jorge Barreiro y los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto han rechazado conocer los expedientes concretos y cualquier irregularidad. El próximo martes declarará Mar Moreno.