El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Mitecord) ha presentado este martes el Perfil Ambiental de España 2020, el documento anual donde se recopila toda la información científica y gubernamental sobre la situación ecológica del país. Se actualiza así el último estudio que hacía referencia al periodo previo a la pandemia, por lo que es la primera vez que se ponen sobre el papel algunos efectos de la crisis sanitaria en la coyuntura medioambiental de España, como el descenso de la contaminación atmosférica y de las emisiones de CO2, que cayeron un 13% respecto a 1990.

Los datos recogidos en el informe, elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, revelan ciertos avances positivos en calidad del aire o energía, donde la penetración de las renovables sigue un ritmo ascendente imparable. Tanto es así que en el último año las energías limpias alcanzaron el máximo histórico en la generación eléctrica con un 44% sobre el total. El perfil ambiental dibujado por los técnicos del ministerio dirigido por Teresa Ribera deja un país con ciertos avances, pero también con problemáticas difíciles de resolver como la mejora de la calidad y cantidad de sus aguas, la repoblación de los entornos rurales o la mejora de le gestión de los residuos.

Se elevan los espacios protegidos a nivel ambiental

En los últimos años, España ha avanzado en la protección de sus entornos naturales. Desde 2015, el número de áreas en régimen de conservación ha aumentado un 26% en todo el Estado, gracias a políticas específicas como la ampliación del Parque Nacional de el Archipiélago de la Cabrera. Es el país con mayor superficie incluida dentro de la Red Natura 2000 de toda la UE y posee un total de 1.824 zonas protegidas. Dicho de otro modo, el 36,2% de la superficie nacional terrestre está salvaguardada por normas europeas y nacionales que impiden actos que atentan contra el medio ambiente como la caza de especies o el desarrollo urbano.

Más bosques, menos agricultura, ¿más incendios?

Se constata en la publicación del Mitecord una polémica tendencia respecto a los usos de la tierra. La superficie destinada a actividades agropecuarias ha descendido un 6% desde 2015 en favor de un crecimiento forestal, con un 9% más de masas boscosas. Se trata de un cambio importante a nivel territorial y económico, pero también con ciertos riesgos para una región como la Península Ibérica, muy vulnerable a los efectos de la crisis climática y el calentamiento del planeta. Con olas de calor cada vez más largas e intensas y una mayor homogeneidad del territorio, los riesgos de incendios pueden aumentar.

Sin embargo, los datos presentados este martes revelan una caída de cerca del 30% del número de siniestros anuales desde 2011. Un hecho que se debe sobre todo a los avances en prevención y en concienciación. Donde sí se aprecia el efecto del cambio de los usos de la tierra es en la magnitud de los incendios, en tanto que los focos que queman más de 500 hectáreas, los denominados superincendios, se han elevado un 12% en la última década, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza. Es decir, se registran menos alertas, pero estas contemplan un mayor riesgo de daños debido al abandono del monte y al termómetro cada vez más elevado del verano español.

Especies invasoras y actuaciones del SEPRONA

"Las especies invasoras son un tema de preocupación", ha afirmado María Jesús Rodríguez Sancho, directora del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en la presentación del informe. No es para menos, pues en el último año se registraron 27 alertas por casos de introducción de animales exóticos que afectan al medio ambiente y trastocan las redes biodiversidad. La mayor parte de las especies detectadas son acuáticas; destacando la Pseudorasbora parva, un pez asiático que se alimenta de los huevos de otros peces, y el pato zambullidor andino. Fuera del agua aparecen otras especies de riesgo como la avispa asiática o la polilla de boj, además de animales que no son rescatados por el informe como el visón americano, cuya crianza sigue estando permitida en las granjas peleteras.

La presencia de este tipo de especies exóticas genera conflictos en las redes de biodiversidad, favoreciendo la desaparición de animales y plantas autóctonas. De las 64.000 especies de animales silvestres y 7.600 especies de plantas que existen en España, el 2% se encuentran en régimen de amenaza para su supervivencia, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

En 2020, el Seprona registró el valor más alto de infracciones ambientales desde 2003, con 237.260 casos abiertos, un 119,1% más que el año anterior. Pese a ello, el número de detenciones se redujo un 8%. Este repunte de casos se debe, según informan desde el Mitecord, a los vertidos de residuos higiénicos y sanitarios derivados de la pandemia, es decir, abandono de mascarillas y otros utensilios que se han convertido en habituales debido a la emergencia de la covid-19.

Menos agua y más contaminación hidrológica

El otro punto negro es la situación hidrológica del Estado, que no es positiva ni en calidad ni en cantidad. Las reservas que se acumulan en las presas y pantanos se sitúan un 46% por debajo de la capacidad total de embalse del país, una marca que además está un 17% por debajo de la media de los últimos diez años. Se trata de una consecuencia directa de la crisis climática, que está haciendo de España una región vulnerable a la disponibilidad del agua. Aunque la demanda no supera todavía a los recursos existentes, la publicación alerta de la necesidad de mejorar gestión y la eficiencia para reducir entre un 5% y un 10% el consumo en los próximos años.

Si las reservas están por debajo de la media, la calidad de las masas de agua tampoco es demasiado buena. Al menos el 88,9% de las aguas superficiales presentan algún resto de nitratos derivados de la contaminación agraria, el 52,1% en el caso de las aguas subterráneas. No en vano, sólo el 27,4% de las masas subterráneas supera los limites de riesgo [50 mg/l]. Este problema ha llegado ya a Bruselas, pues el pasado 2 de diciembre la Comisión hizo pública su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber adoptado medidas suficientes para cumplir con la Directiva sobre nitratos y disminuir la contaminación agropecuaria.

La mala calidad de los acuíferos está dejando consecuencias graves en la España rural. Tanto es así que en más de la mitad de los municipios del país (4.243 de 8.131) se bebe agua del grifo con restos de nitratos, según datos del Ministerio de Sanidad. Del total, 101 pueblos presentaron concentraciones superiores a las permitidas por la OMS.

El reto demográfico

Uno de los pilares políticos del gabinete de Teresa Ribera es atajar el reto demográfico y revertir la tendencia de abandono rural. Pese a ello, los datos siguen siendo negativos, pues el 68,8% de los municipios han perdido habitantes en las últimas dos décadas. Si se acota el tiempo a los últimos diez años, el porcentaje de pueblos que vieron caer su censo se eleva al 76,8%. 

Europa considera que un municipio o región está en riesgo de despoblación cuando la densidad demográfica queda por debajo de los 12,5 habitantes por km². En la última década, el 40% de los pueblos tienen índices por debajo de este indicador. Dicho de otro modo, el 71% del territorio nacional da cobijo a 6 millones de habitantes, frente un 29% de la superficie del Estado que aglutina 41 millones de personas y que se corresponde con las ciudades y las capitales de provincia.

Se aportan además otros indicadores llamativos como la masculinización de la España rural. En 2001, el 65,2% de los municipios contaba con una mayor presencia de hombres en sus censos. En 2020, esa cifra se elevó hasta el 73,3%. Si se traslada al entorno urbano, sólo el 11% de las ciudades tienen un mayor número de ciudadanos varones, lo cual es un "síntoma de la falta de igualdad de oportunidades para las mujeres en el medio rural", según la publicación.

Residuos y economía circular

Cada habitante de España genera al año 476 kg de residuos, un 0,2% más que hace un año. El 10% de los desechos que se producen en Europa son de origen español. La forma en la que se gestionan todos estos desperdicios dista mucho de los objetivos marcados por Europa para reducir la contaminación de mares y entornos naturales. Tanto es así que la mayor parte de las bolsas de basura domésticas, el 54%, terminan en vertederos. El 11% se acaban incinerando, generando emisiones de CO2, y tan sólo el 18% se llevan a plantas de reciclaje para tratar de recuperar los residuos y volverlos a poner en circulación.

El Gobierno, pese a los esfuerzos puestos en la Estrategia de Economía Circular, no está logrando incentivar un cambio cultural que vaya hacia la reutilización y reparación. Tanto es así que el gasto de los hogares destinado a la recuperación y arreglo de objetos ha caído un 8% en la última década. En 2020 las familias gastaron casi un 20% menos en reacondicionar productos que en 2019. Todo ello sitúa a España por debajo de la tasa de circularidad de la Unión Europea y en la décima posición del ranking de la UE.

El Gobierno, de hecho, debería haber aprobado la transposición de la Directiva de Plásticos de un sólo uso el pasado verano de 2021, algo que no se espera que se materialice hasta el primer trimestre de 2022, ya que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados todavía está en tramitación parlamentaria.