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La administración de Marsans pide embargar a un primo del rey

Consideran que él, junto a otros ex consejeros entre los que se encuentra el hijo de Díaz Ferrán, son culpables de la insolvencia de la empresa

PUBLICO.ES/ EFE

Los administradores concursales de Viajes Marsans, en suspensión de pagos desde junio, han pedido al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que el embargo cautelar de bienes se amplíe a antiguos miembros del Consejo de Administración de la compañía, ya que consideran que son también responsables de su estado de insolvencia.

Apoyan así una petición inicial que hizo uno de los acreedores de Marsans, en la que solicitó a la jueza Ana María Gallego que califique como culpables de la insolvencia no sólo a los antiguos propietarios (Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual) y a los nuevos (Posibilitumm), sino también a algunos ex consejeros. Entre ellos, se encuentra un primo del rey, Carlos de Borbón y Dos Sicilias, consejero de grandes empresas como Reyal Urbis y Cepsa, y el propio hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, así como una de las sociedades patrimoniales de la familia del ex presidente de la CEOE.

A ellos se unirían también José Luis Félix Rivera, Ignacio Pascual (hijo del antiguo propietario Ignacio Pascual) y Emilio Novela, que fue vicepresidente primero de Banif, actualmente en el consejo de administración de Reyal y de otras sociedades importantes como Talgo.

Podrían ser condenados a pagar de su patrimonio las deudas de Marsans

Todos ellos tendrán la oportunidad de defenderse en una audiencia previa que deberá celebrar la jueza antes de decidir si acuerda el embargo cautelar de sus bienes. Ese embargo se dictará si hay indicios de su culpabilidad en el concurso de acreedores de Viajes Marsans, lo que les llevaría a ser condenados a cubrir con su patrimonio el déficit de la sociedad, que inicialmente se fijó en 417 millones y que según los últimos datos ascendería a 271 millones de euros.

La administración concursal de Marsans, formada por el abogado Edorta Etxarandio, el economista Rafael Martín y el auditor Pedro Tortosa, argumentan que, aunque los consejeros cesaron entre noviembre y diciembre de 2009, son también culpables de la insolvencia del grupo turístico por haber avalado unas cuentas que revelaban unas preocupantes salidas de liquidez. 

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