La Audiencia Nacional comenzará a juzgar el próximo martes a los tres mandos militares que supuestamente identificaron erróneamente 30 de los 62 cadáveres de los militares que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Poco antes de cumplirse el sexto aniversario de esta tragedia, el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez se sentarán en el banquillo acusados de dos delitos de falsificación de documentos oficiales por los que el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, pedirá penas de entre 4 años y medio y 5 años de cárcel.

El Ministerio Público solicitará además una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los acusados: de 60.000 euros y 5 años para Navarro, y de 24.000 euros y 4 años para Ramírez y Sáez.

Les reclamará también indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado como responsable civil subsidiario.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que en las primeras horas del 26 de mayo de 2003 el Yak-42 se precipitó al suelo mientras hacía una maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebisonda, lo que causó la muerte de los 62 militares del contingente ASFOR IV en Afganistán que regresaban a España, así como la de los miembros de la tripulación (de nacionalidad ucraniana).

Las autoridades turcas, añade el escrito, dispusieron la recogida de los cadáveres y los introdujeron en "bolsas individualizadas y numeradas", que examinaron los acusados Ramírez y Sáez, "a las órdenes" de Navarro, a quienes Defensa había comisionado para la identificación y repatriación de los fallecidos.

Los acusados llegaron a la "razonable certeza" de la identidad de 32 cadáveres "por los signos externos constatados y no destruidos o quemados", como los uniformes o las chapas de identidades.

Las 62 bolsas fueron entregadas al general José Antonio Beltrán (coordinador de la delegación española) y al general Navarro a las 02.30 horas del 28 de mayo, acompañadas de un acta en el que constaban los 30 cadáveres no identificados.

"Sin ningún dato revelador de la identidad de los restos humanos contenidos en estas bolsas, el general Navarro asignó identificaciones a cada una de ellas elaborando una lista en la que hacía constar la identidad correspondiente a todos y cada uno de los cadáveres recibidos en sus respectivos recipientes", añade.

Navarro entregó la lista a Ramírez y Sáez, que eran "conscientes" de que las identificaciones eran una "ficción", y con esos datos "se dio nombre" a todos los militares, que fueron trasladados a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde el comandante y capitán médicos hicieron 62 informes de necropsia en los que expresaron que se realizaban en Trebisonda el 27 de mayo.

"Con estos documentos -añade el fiscal- Navarro elaboró 62 certificados médicos de defunción haciendo constar en todos ellos que la identidad se había acreditado mediante identificación individual y tras haberse realizado la autopsia", sostiene.

Por su parte, las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa y ejercidas por los familiares de los militares fallecidos pedirán penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.

El tribunal que juzgará estos hechos -formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez (ponente), y los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda- ha rechazado la comparecencia como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono.

En cambio, sí testificarán en el juicio -que previsiblemente finalizará el 3 de abril- el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Félix Sanz Roldán y el general José Antonio Beltrán.

Este será el primer juicio que se celebre en relación con este siniestro, aunque el juez Fernando Grande-Marlaska también investiga la causa sobre las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42 en la que ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a otros cinco mandos militares.