El Gobierno decidió zanjar con la ley en la mano la polémica aireada en las últimas semanas por el PP y avivada por el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Esteban González Pons, al apremiar al Ejecutivo a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2012 a través de un decreto ley.

El equipo que preside José Luis Rodríguez Zapatero respondió de forma taxativa: La prórroga "no requiere ninguna decisión del Gobierno, ni del Parlamento". Es la propia Constitución, en su artículo 134, la que establece que siempre que no se aprobaran las cuentas "antes del primer día del ejercicio correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogadas las del año anterior".

Especial empeño mostró ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, José Blanco, en aclarar este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Insistió en que "en democracia, los procedimientos y los tiempos están reglados". Apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado encargado por Zapatero, argumentó que "no sólo no es necesario dictar un decreto ley para aprobar los Presupuestos, sino que ni siquiera es legal".

El Ejecutivo que salga del 20-N podrá matizar las cuentas antes de fin de año

El mandato constitucional sobre la prórroga de las cuentas públicas es, a juicio de Blanco "claro, conciso y taxativo". Establece, sin que quepa la duda, que la prórroga de los Presupuestos "entra en funcionamiento automáticamente el primer día del año".

Sí es posible la adecuación de esas cuentas a través de la aprobación de un decreto ley que establezca "matices" a la prórroga. Es lo que hizo el Gobierno de Felipe González en 1995 cuando, tras verse sin apoyos para aprobar las cuentas de 1996, se vio obligado a gobernar con la prórroga automática en el ejercicio siguiente.

Los decretos ley entran en vigor un día después de su aprobación. Si el Ejecutivo saliente de las elecciones del 20-Ndesea hacer alguna matización, la deberá aprobar, por tanto, un día antes de que comience el ejercicio de 2012.

El ministro insiste en que el mandato constitucional es "claro y conciso"

"El Gobierno que salga de las urnas gestionará la política económica de 2012 y, por lo tanto, será quien decida cómo deben adaptarse los Presupuestos del año 11 al año 12", reiteró Blanco, en alusión a las palabras de Zapatero el día que convocó las elecciones generales. El nuevo Ejecutivo tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre, un "margen suficiente" para adaptar las cuentas públicas.

En manos del nuevo Gabinete estará, por tanto, mantener o no la congelación de las pensiones o la aplicación del IPC a los funcionarios, así como la modificación de la asignación que reciben cada una de las comunidades autónomas.

La ley, concluyó Blanco, no daba lugar a la confusión. "Las cosas ya estaban claras, pero alguien tuvo interés en que no estuvieran", adujo, señalando con el dedo acusador hacia la cúpula del partido que preside Mariano Rajoy. El ministro lamentó, por ello, que "haya personas que no se hayan leído la Constitución".

El PP acusa al PSOE de "irresponsable" por no presentar unos Presupuestos

El PP hizo caso omiso a las argumentaciones del Gobierno y se mantuvo en sus trece. Esteban González Pons volvió a referirse a la "irresponsabilidad", la "frivolidad" y el "egoísmo bestial" del Ejecutivo del PSOE al no presentar un proyecto de Presupuestos ni prorrogar el actual.

"Zapatero, por interés electoral de Rubalcaba, pretende que aguantemos hasta enero sin reformas, sin cambios y sin Presupuestos", insistió. En su opinión, y pese a lo que establece la Constitución, los socialistas "dejan a España a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas, a la Administración General del Estado y a las familias sin proyecto de Presupuestos".