Cinco de los diecisiete detenidos en la "operación Guateque" contra una red de cobro de comisiones para la obtención de licencias municipales de actividad de locales comerciales y de ocio han ingresado en la cárcel, mientras que otros cinco han quedado en libertad por orden de un juez de Madrid.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Madrid que se encontraba ayer de guardia, Francisco Javier Teijeiro, ha ordenado esta madrugada prisión provisional para Victoriano C.F., Joaquín F.C., Santiago C.M., Antonio S.E. y Carmen Eulalia I.M. por cohecho y otros delitos.

Los cuatro primeros se encuentran en la cárcel madrileña de Alcalá Meco y la mujer en la prisión de Soto del Real, mientras que los otros siete arrestados no han prestado declaración ante el titular del juzgado número 30, que terminó su guardia a la 09:00 horas.

Pasadas las 04:30 horas el juez ha dejado en libertad a cuatro de los diez arrestados, quienes rehusaron realizar declaraciones a los medios de comunicación, y también ha acordado la libertad bajo fianza de 3.000 euros de otro.

Diez de los 17 detenidos -un empresario y dieciséis funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid- fueron trasladados desde las dependencias de la Guardia Civil a los juzgados de plaza de Castilla a las nueve de la mañana de ayer.

Los dieciséis funcionarios y técnicos del Ayuntamiento llevan detenidos desde el miércoles en dependencias de la Guardia Civil, mientras que el empresario se encuentra arrestado desde el viernes.

Además, otros cinco funcionarios han sido imputados en la causa, declarada secreta, motivo por el que la información sobre este asunto ha resultado confusa durante todo el fin de semana.

El día en el que se inició la operación se produjeron también más de una decena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios de los arrestados, en donde se intervino numerosa documentación que está siendo analizada.

Los registros, en los que también colaboró la Policía Municipal, tuvieron lugar en las sedes de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente y en las Juntas Municipales de Centro, San Blas y Chamberí, de la capital.

Los detenidos están acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y presuntamente formaban parte de una trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de "todo tipo".

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido personarse en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado y constituirse, "en su caso", en acusación particular y el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo- como acusación popular.

Además, también la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) tiene la intención de personarse en la causa como acusación, informa en un comunicado.