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Comisió de la Dignitat: veinte años de lucha por la restitución y la memoria democráticas

La entidad surgida para conseguir el retorno de los documentos requisados ​​por el franquismo, los conocidos como 'Papers de Salamanca', sigue desplegando su trabajo memorialístico a pesar de los obstáculos políticos y jurídicos que impone el Estado.

Els historiadors Toni Strubell i Josep Cruanyes en un acte reivindicatiu dels Papers de Salamanca.
Els historiadors Toni Strubell i Josep Cruanyes en un acte reivindicatiu dels Papers de Salamanca. Europa Press

El año pasado, en plena crisis sanitaria causada por la pandemia, Catalunya recibió los últimos papeles que las tropas de Franco incautaron a personas y entidades en los años posteriores a la Guerra Civil. Con esta devolución se cerraba la principal reivindicación que motivó en 2002 el nacimiento de la Comissió de la Dignitat, si bien los responsables de esta entidad aseguran que todavía existe bastante material requisado en estanterías de instituciones y centros militares del Estado.

Si, sin embargo, el regreso de los Papers de Salamanca -como así se les conoce- se ha podido vehicular ha sido sobre todo por la insistencia de una asociación que, hace veinte años, nacía de la mano de los historiadores Toni Strubell y Josep Cruanyes y que, en sus diferentes etapas, ha contado con el apoyo de personalidades tan relevantes como el expresidente del Parlament de Catalunya Joan Rigol y los hispanistas Henry Ettinghausen y Paul Preston, entre otros.

Luces contra la impunidad

La Comissió de la Dignitat arrancó el 11 de junio de 2002 con un acto en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, ​​en el que sus promotores presentaron una declaración que instaba al Estado a transferir la documentación incautada por la dictadura. Así se había comprometido en 1995 el entonces presidente del Gobierno, el socialista Felipe González.

Esta petición se rubricó en 2005 con aprobación, en el Congreso de los Diputados, de la Ley que establecía los términos para la progresiva restitución a la Generalitat de Catalunya del fondo depositado en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca y que incluía cientos de libros, carteles, fotografías y legajos llenos de información administrativa. Un compendio de material que, como recuerda Josep Cruanyes, portavoz de la entidad, "constituyó un instrumento básico para que el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940, abriera causas judiciales y dictara numerosas sentencias de muerte ".

Para Cruanyes, la Ley de 2005 dio pie a un proceso que ha sido difícil, lleno de obstáculos y situaciones esperpénticas, hasta el extremo de que, en cuanto el Estado entregó la primera documentación microfilmada a la Generalitat, no mostró ningún interés en desplegar la norma; "ni siquiera reunió a la Comisión Mixta", indica el veterano abogado. Según Cruanyes, fue el acto celebrado en Salamanca con el cartelista Carles Fontserè, pero sobre todo el multitudinario concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 21 de octubre de 2007, que reunió a 12.000 personas, lo que forzó al Estado a reaccionar, primero cediendo varias cajas de libros y, ya al término de la legislatura presidida por Rodríguez Zapatero, dos legajos que el gobierno catalán había inventariado en los años 80.

"Después vino el Partido Popular y lo detuvo todo", lo que hizo que en julio de 2013 la Comissió de la Dignitat presentara ante la Unesco un informe en el que detallaba los incumplimientos reiterados del Estado español en este ámbito. "Hemos tenido que insistir mucho", indica Cruanyes, para quien todavía hoy queda toda la documentación de orden público robada en la República almacenada en ayuntamientos y varios archivos militares, entre ellos el de Ávila.

Entre los tributos y las propuestas

Fuera de la campaña de los Papers de Salamanca, la Comissió de la Dignitat se ha distinguido estos años por las iniciativas de recuperación de la memoria histórica en Catalunya, la mayoría destinadas a reivindicar a las víctimas que fueron ejecutadas por el franquismo o que todavía están sepultadas en fosas comunes.

En este capítulo, destaca el tributo que organizó por el presidente Lluís Companys a la iglesia de Sant Agustí de Barcelona en el 2010, coincidiendo con el 70 aniversario de su fusilamiento, o la restitución de la bandera que la Generalitat republicana había hecho ondear desde el Castillo de Montjuïc. "También logramos que se recuperara las inscripciones que el franquismo había borrado en determinados emplazamientos de Barcelona", en alusión a los monumentos de la Proclamación de la República, situado a los pies del Tibidabo, el de Frederic Mistral, así como los rótulos en catalán o los escudos de Catalunya que habían figurado en el viejo edificio de Caixa Catalunya en la Via Laietana, además de la adquisición de un fondo del fotógrafo Francesc Boix contenido en Argelers.

Según Cruanyes, "estos actos son necesarios para que la sociedad tome conciencia de los horrores que cometió la dictadura", al igual que destaca la Ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo de 2017, que a instancias de la Comissió, sirvió para que el Parlament de Catalunya anulase todos los consejos de guerra instruidos en Catalunya entre 1938 y 1978.

No obstante estos avances, el representante de la entidad considera que queda mucho por recurrir en materia de justicia transicional, porque "así como en Alemania está indemnizando a las víctimas del nazismo, el Estado español se ha quitado de encima esta responsabilidad y en la actual Ley de memoria histórica no contempla ninguna reparación económica para las familias afectadas por los crímenes del Franco". Algo que, en opinión de Cruanyes, ha obligado a la entidad a personarse para que la futura Ley de memoria democrática, todavía en discusión, obligue al Banco de España, donde está depositado el dinero requisado, a indemnizar a las víctimas de la dictadura. "La propia Constitución establece que las leyes aplicadas por el franquismo no serán alegables para impedir este tipo de medida, por lo que ya debería haberse aplicado", asevera Cruanyes.

En paralelo a esto, la Comissió de la Dignitat no ha dejado de actuar en otros frentes, como es la petición de transformar la Jefatura policial de Via Laietana, en Barcelona, ​​en un espacio de memoria. "Seguiremos pidiendo al Ministerio de Cultura que convierta este siniestro edificio, famoso por haber sido un centro de torturas durante la dictadura, en un equipamiento de recuerdo. Al igual que continuaremos exigiendo que todos los papeles requisados ​​por el franquismo vuelvan a sus legítimos propietarios", concluye Cruañas, para quien ante el actual contexto de involución la Comissió de la Dignitat tiene más sentido que nunca.

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