Las comunidades que estén pensando en privatizar su televisión pública lo van a tener bastante más difícil a partir de ahora, ya que la futura ley General de la Comunicación Audiovisual blindará el carácter público de estos operadores una vez que entre en vigor. La Ley fue aprobada este jueves en la Comisión Constitucional del Congreso con la única oposición del PNV y del grupo ERC-IU-ICV y la abstención del PP. El texto será remitido al Senado para seguir su tramitación, que en cualquier caso deberá concluir antes del apagón analógico del próximo 3 de abril.

Este freno a tentaciones privatizadoras como las expresadas en el pasado por la lideresa del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, será posible gracias a un acuerdo alcanzado ayer entre PSOE, IU e ICV en el marco del debate de las enmiendas de la citada Ley. Así, los socialistas, liderados por Óscar López, aceptaron una enmienda de IU y pactaron una transaccional con ICV para garantizar que las televisiones autonómicas públicas mantengan esta condición.

Por otro lado, en virtud de otra transaccional pactada entre el PSOE y CiU, las cadenas públicas, ya sean de ámbito estatal, como TVE, o autonómico, podrán incluir a las series y miniseries como beneficiarias de parte del 6% de sus ingresos que deberán destinar cada año a la producción audiovisual europea y española, y que antes sólo incluía a las películas de cine.

La aportación de las privadas seguirá siendo del 5%, del que deberán dedicar al menos un 40% a películas, miniseries o series para televisión. En las públicas este porcentaje, en este caso sobre el 6% de sus ingresos, se limita al 25%.

Esta posibilidad no supondrá "ni mucho menos una merma" en los recursos que hoy recibe el cine, según explicó ayer López. El portavoz socialista recuerda en este sentido que la Ley no sólo amplía del 5% al 6% la aportación de las televisiones públicas, sino que además aumenta la "base cotizante" al tener que destinar parte de sus ingresos, además de las televisiones, los operadores de telefonía y otros actores como canales temáticos.

Por otro lado, La Ley contemplará también que dos comunidades autónomas limítrofes y con afinidad lingüística y cultural puedan alcanzar convenios sin necesidad de autorización estatal para que las emisiones de sus respectivas cadenas públicas puedan verse en el otro territorio. El objetivo de la enmienda es poner fin a conflictos como el suscitado actualmente entre Catalunya y la Comunidad Valenciana a cuenta de las emisiones de TV3 en territorio valenciano.

Por otro lado, la Ley impone al Gobierno la obligación de presentar en 18 meses un plan para la "digitalización integral" de las emisiones de radio, así como de llevar a Bruselas en un año una propuesta en el mismo sentido para el ámbito europeo. Asimismo, gracias a otra enmienda se pondrá en marcha la Agencia de Radiocomunicaciones, un organismo dependiente del Ministerio de Industria creado en 2003 pero no desarrollado. Esta entidad se ocupará de confeccionar un mapa de emisoras de radio en España como primer paso para identificar y acabar con aquellas que funcionan sin licencia.