El pasado 23 de marzo los ministros de Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas, acordaron mantener su lucha contra la piratería en el océano Índico por lo menos hasta el año 2014. La prórroga de la Operación Atalanta incluía, además, una ampliación de su radio de de acción: la UE permitía a los militares desplegados en la operación extender sus ataques a tierra, con el objetivo de acabar con las bases que utilizan los piratas en Somalia para preparar sus abordajes en alta mar. Entre quienes aprobaron ampliar la misión estuvo el ministro español José Manuel García-Margallo.

Una semana después, el Ministerio de Defensa informaba a los grupos parlamentarios de su intención de tomar parte activa en esos ataques. Fue el pasado jueves cuando el portavoz del PP en esa materia, Agustín Conde, convocó en la sede del departamento a sus colegas del resto de grupos para darles la noticia. También estuvo presente en ese encuentro el almirante Duncan Potts, jefe de la Operación Atalanta.

Pues bien, tanto el representante del PSOE, Diego López Garrido, como los de IU -José Luis Centella- y UPyD -Irene Lozano- entendieron que permitir los ataques en tierra suponían una 'modificación sustancial' de la misión en la que participa España desde 2009. Y, por ello, consideran que el Gobierno debe pedir permiso al Congreso para poder ponerla en marcha. 

Apelan al cumplimiento de la ley de Defensa Nacional de 2005, que establece que en las misiones en el exterior que 'requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones' el Gobierno debe realizar una consulta previa y recabar la autorización de la Cámara Baja.

Los representantes de IU y de UPyD firmaron ayer una petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, para que 'solicite la autorización ante el cambio de objetivos' de la Operación Atalanta. Ambos grupos consideran que el Ejecutivo y el PP 'están obligados a aceptar esta comparecencia y explicar también en ella al detalle los nuevos objetivos de la misión, su alcance y duración, así como los medios humanos y materiales que se piensan dedicar para su cumplimiento'.

El PSOE ha ido por su lado, y ha presentado esta mañana una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que pida al Congreso esa autorización. El portavoz de los socialistas en la comisión de Defensa, Diego López Garrido, ha explicado a Público.es que lo único que pretende su partido es que el Ejecutivo 'cumpla con la legalidad'. Además, ha reafirmado el compromiso de su formación con una misión que él mismo propuso en el seno de la UE cuando era secretario de Estado para las relaciones con la Unión. Preguntado sobre qué votaría su partido en el caso de que Defensa pida autorización al Congreso, aseguró que se dacantaría a favor.

En cambio, el representante de IU, José Luis Centella, ha considerado que la de la acción armada 'no es la forma de resolver el conflicto' de la piratería, sino que 'lo acrecienta'. Los ataques en tierra supondrán, a su juicio, 'reacciones mucho más violentas' por parte de los piratas. 

Fuentes de UPyD explicaron que para la formación 'la prioridad' es conocer cuáles son los planes del Gobierno, y que Morenés someta la actualización de la operación a la votación del Congreso. Será entonces cuando se posicionen a favor o en contra de los ataques.