La descapitalización de la sociedad Grand Tibidabo, que se inició hace ya dieciséis años, en la Barcelona que se preparaba para los Juegos Olímpicos, llega hoy a juicio con ocho acusados en el banquillo, entre ellos el financiero Javier de la Rosa, para quien el fiscal pide 13 años de cárcel.

Este macrojuicio se prevé que se prolongue al menos hasta el 24 de abril de 2008, en una causa en la que, además de la fiscalía, concurren una decena de acusaciones particulares, algunas de ellas en representación de los pequeños accionistas estafados.

El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, presentado en el año 2000, pide penas que suman 52 años para siete de los acusados, entre ellos Javier de la Rosa (13 años), el ex presidente de Grand Tibidabo, Joan Cruells (10) y el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal (4).

La mujer de Javier de la Rosa, Mercedes Misol, no se encuentra entre los imputados por el fiscal, aunque estará en el banquillo al estar acusada por alguna de las representaciones de accionistas.

El 17 de octubre de 1994, tras haberse detectado numerosas irregularidades en la gestión de la empresa, el entonces fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, anunció la presentación de una querella contra De la Rosa por la descapitalización de esta empresa en más de 10.000 millones de las antiguas pesetas (60 millones de euros).

Según la fiscalía, desde Grand Tibidabo, De la Rosa llevó a cabo entre los años 1991 y 1994 operaciones de créditos, préstamos y compraventa de activos con sociedades que controlaba, como Mexans, Quail o Nueva Madrugada, que sirvieron a los acusados para desviar y apropiarse de los fondos de Grand Tibidabo.

Esta causa, en la que han llegado a estar imputadas hasta 40 personas, ha atravesado por numerosas dificultades, desde recursos de letrados que ralentizaron el proceso hasta complejas pruebas periciales, e incluso una decisión de la Audiencia de anular en 1999 el primer informe del juez de instrucción, lo que anuló todos los escritos de acusación y el auto de conclusión de las diligencias.

Una muestra de la complejidad del proceso judicial es que la causa está compuesta por cerca de 90 tomos de más de 300 páginas cada uno, correspondientes a los más de seis años de investigación.

Finalmente, el caso quedó pendiente de la celebración de juicio en septiembre del año 2000, cuando el fiscal formuló su escrito de su petición de penas.

En concreto, el ministerio público pide 13 años para De la Rosa por los delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda Pública; 10 para Cruells; 4 para Carvajal; 7 para el ex presidente del Consorcio Nacional del Leasing (origen de Grand Tibidabo), Florencio Cerdá; 6 para el colaborador de De la Rosa, Arturo Piñana; 4 para el empresario madrileño Ramón Fiter; 4 para el directivo de Grand Peninsula, Miquel Soler; y 4 para Carolina Malagelada, relacionada con la empresa Pinyer.

Cuando la sección segunda de la Audiencia fijó el inicio del juicio para hoy justificó los motivos del retraso que acumula la causa, entre otros argumentos, por el hecho de que De la Rosa ha estado y sigue estando implicado en otros procedimientos ante la Audiencia Nacional.

El juicio que se iniciará hoy está previsto que se dedique en las primeras semanas a las denominadas "cuestiones previas", por lo que la declaración de Javier de la Rosa y del resto de acusados no tendrá lugar, en principio, hasta el próximo mes de enero.

Los meses de febrero y marzo se destinarán a la declaración de los testigos solicitados por las distintas partes, entre los que figuran, por ejemplo, Lluis Prenafeta, ex secretario general de Presidencia de la Generalitat durante el mandato de Jordi Pujol, el ex candidato de AP a la Generalitat, Eduardo Bueno, los abogados Juan Piqué Vidal y Juan José Folchi, o Juan Antonio Samaranch Salisachs.