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La especulación amenaza el último paraíso hippie de la costa andaluza

El dueño de la Cala de San Pedro, en manos privadas por un error de la Junta, planea un resort

ÁNGEL MUNÁRRIZ


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La Cala de San Pedro, una remota playa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, tiene los días contados como refugio paradisíaco de la veintena de okupas que residen allí de forma permanente. El inversor Daniel Navarro es el dueño de los terrenos desde hace diez años, ya que la Junta dejó escapar la opción de hacerse con la cala por 90.000 euros. Navarro quiere hacer un resort turístico que exige el desalojo de la zona. Los ecologistas denuncian que la sombra de la especulación planea sobre el proyecto, asentado en la compra a precio ventajoso de terrenos de gran valía.

Navarro ya ha presentado 23 denuncias ante la Guardia Civil para forzar a las administraciones a desalojar a los residentes y evitar las acampadas ilegales, que tienen lugar durante los veranos. La Junta y el Ayuntamiento de Níjar han empezado a buscar una "solución definitiva" a estas cuestiones, según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Almería. En cuanto al futuro de la cala, estas fuentes no conocen oficialmente los planes de Navarro, pero garantizan que "no se construirá nada nuevo". "A lo sumo, se rehabilitaría lo que hay", dicen.

La Junta dejó escapar la opción de hacerse con la zona por 90.000 euros

Los residentes, todos en situación irregular, viven la espera con indignación. A lo largo de 20 años han conformado una comunidad hippie que, al margen de su inviabilidad legal, se ha responsabilizado de la limpieza y el mantenimiento de la cala. Pero también hay sombras. Además de la ocupación de fincas, varios chiringuitos abren en verano sin permiso ni control. Los turistas son los principales responsables de otro problema sanitario: la acumulación de excrementos en el interior de la cala. "Ahora, tras olvidarse de esto durante años, las administraciones nos presentan como unos sucios cuando les conviene [para facilitar el resort]", lamenta Pura Cañero, que llegó hace 15 años y a la que el resto señala como voz más autorizada de la comunidad.

Navarro compró los terrenos en 1999 a los herederos de un inversor con socios ingleses al que las trabas legales disuadieron de llevar a cabo un proyecto urbanístico. Las 200 hectáreas que adquirió estaban escrituradas en 15 millones de pesetas (90.000 euros), un precio llamativamente bajo. El propio Navarro admite que pagó más, sin precisar cuánto.

Ahora maneja dos opciones para sacar beneficios de su inversión. "Una, un pequeño resort; dos, venderlo a algún comprador [privado] o a la Junta". Y añade: "Estoy dispuesto a vender, no a regalar".

Las autoridades estudian cómo desalojar a una veintena de okupas

Espacio protegido

Pese a que Navarro comunicó por escrito la compra a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente en enero de 1999, dicho organismo no ejerció sobre los espacios protegidos su derecho de retracto, que hubiera dejado los terrenos en propiedad pública por 90.000 euros. La Junta inició después un largo litigio que se cerró en enero de 2007, cuando el Tribunal Superior andaluz dio la razón a Navarro y le reconoció la propiedad de 48 fincas.

Ahora toda la cala hasta el poblado de Las Negras es de Navarro salvo la playa dominio marítimo terrestre, competencia de Costas, una finca privada y un antiguo cuartel de la Guardia Civil, comprado por la Junta y hoy okupado.

La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se pregunta en el último número de su publicación El Eco del Parque si tras toda la operación hay "algún asunto sucio", sobre un supuesto trato de favor a Navarro. María del Mar Ruiz, vicepresidenta de la entidad, denuncia además que la calificación medioambiental de la cala "le pone las cosas muy fáciles al dueño, al ser compatible con una rehabilitación turística".

Navarro dice que la Junta, lejos de ayudarle, le dificulta las cosas al no forzar el desalojo y al haberlo llevado a juicio. "Fue una operación que si salía bien podía ser rentable, pero también podía perder mucho. Si la Junta me hubiera ganado el juicio, sólo habría recibido los 15 millones. Yo me he limitado a cumplir la ley. Que ellos la hagan cumplir", afirma.

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