El Gobierno Vasco ha decidido que abonará la paga extraordinaria de Navidad a sus 67.000 funcionarios, pero no la percibirán los miembros del Ejecutivo, es decir el lehendakari, Patxi López, y sus consejeros.

Así lo ha confirmado la portavoz en funciones del Ejecutivo, Idoia Mendia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que esta decisión está "fundada en Derecho" y es "coherente" con las actuaciones del Ejecutivo vasco. De esta manera los alrededor de 67.000 funcionarios públicos que dependen del Gobierno Vasco cobrarán su paga extra, cuyo montante ronda los 207 millones de euros, ha precisado Mendia.

Para cumplir con el decreto del Gobierno central debería haber modificado la ley de presupuestos de Euskadi

La portavoz ha afirmado que la suspensión de esta paga sería "injusta en el fondo y la forma" y ha aprovechado para valorar el "buen trabajo" de los trabajadores públicos. Además ha explicado que "la única posibilidad" que el Gobierno Vasco tenía para no aplicar el decreto del Ejecutivo central que suprimía dicha extra era haber aprobado en el Parlamento Vasco una norma que modificara la Ley de Presupuestos vigente en Euskadi.

En este sentido, ha añadido que julio -mes en que se aprobó el citado decreto- fue inhábil y que después se disolvió la Cámara vasca por lo que no ha sido posible acudir a ese procedimiento. "Si el Gobierno Vasco hubiera decidido no pagar sin acudir al Parlamento a modificar la Ley de Presupuestos, estaría tomando una decisión no ajustada a Derecho", ha precisado Mendia.

También ha indicado que el Gobierno Vasco ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el citado decreto y que será ese órgano el que tenga que decidir al respecto, un pronunciamiento que ya no afectará a este Gobierno, sino al futuro del PNV.

"Hemos tomado una decisión fundada en Derecho" y "basada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", ha reiterado Mendia, quien ha dicho desconocer qué informes jurídicos han utilizado otras administraciones vascas, como la Diputación de Bizkaia, para decidir no abonar la extra de Navidad a sus empleados.

Ha opinado que la supresión de esta paga tiene un "dudoso impacto sobre el déficit, "porque lo que se ahorra por un lado se pierde por otro", y ha censurado el "truco hábil" que utilizan "algunas administraciones" al situar a los empleados públicos como los "grandes culpables de la crisis" con el objeto de "recortar servicios públicos".

En el caso del Parlamento Vasco, sus 108 empleados también cobrarán la paga extra, ya que según han dicho fuentes de la Cámara "nadie ha planteado que no la perciban" y por lo tanto no se ha debatido en Mesa su posible retirada. No la percibirán ni los parlamentarios ni los asesores de los grupos, debido a la decisión que adoptó el órgano de Gobierno del Parlamento Vasco antes de la convocatoria electoral del 21 de octubre.

Extremadura, primera rebelde

Con esta decisión, Euskadi se suma a Extremadura, gobernada por el PP, mientras que Navarra busca fórmulas para lograrlo y el resto de comunidades autónomas se decantan por aplicar el decreto del Ejecutivo central que suprime dicha retribución.

La Junta de Extremadura ya anunció que sus empleados públicos cobrarán en enero la extra a través de los 240 millones que le reportará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios. La intención del Gobierno que preside José Antonio Monago, del PP, es adelantar a los primeros días de enero la paga extra de junio de 2013. Así, se adelantará el pago de las extras en los próximos años -en los que se cobrarán dos- y que, puntualmente, el año en que se recupere la economía se cobrarán tres.

En Navarra, a pesar de ser de las primeras comunidades que planteó una alternativa a la supresión de la extra de diciembre -que pasa por respetar la decisión del Gobierno central pero adelantar las de 2013, 2014 y 2015 a enero y junio- de momento no se ha tomado una decisión porque la oposición no comparte la medida defendida por el Gobierno de UPN.