El ex alcalde conservador de Alcorcón (Madrid) Pablo Zúñiga y todo su equipo de Gobierno tendrán que declarar los días 10 y 13 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 4 de esa localidad por un presunto delito de prevaricación. El fiscal les acusa de irregularidades urbanísticas en la aprobación, en 2002, de los planes parciales siete y 12, en la zona de Fuente Cisneros. Según la acusación, el equipo de Gobierno aprobó la construcción de más viviendas de las permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana, redujo el número de viviendas públicas obligatorias y permitió que los promotores no cedieran suelo para equipamientos públicos.

"De las 1.100 viviendas construidas, 550 deberían haber sido de protección oficial pero sólo se hicieron 155 dejando sin posibilidad de un piso de protección a 395 jóvenes", declaró a Público el actual alcalde de Alcordón, Enrique Cascallana. El regidor socialista destacó también que "se duplicó la edificabilidad máxima permitida".

El PP perdió las elecciones de 2003 y la nueva corporación socialista entregó a la fiscalía una serie de informes sobre las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el equipo de Zúñiga. El fiscal ha pedido la imputación del alcalde y de los 13 ediles del PP que votaron a favor de las recalificaciones.

Tendrán que declarar asistidos por un abogado y el juez decidirá si les imputa. De los 14 políticos citados, sólo tres continúan en el ayuntamiento, entre ellos el ahora portavoz de la oposición, Fernando Díaz, que entonces ocupaba la Concejalía de Urbanismo. El PP de Alcorcón declinó ayer pronunciarse.