En un clima de absoluta calma, los uruguayos votan este domingo para elegir un nuevo presidente, un nuevo Parlamento y, quizá, también para inaugurar una nueva era democrática. Y esto se debe a que, por primera vez desde el final de la dictadura que asoló al país entre 1973 y 1985, se plantea la posibilidad de anular la Ley de Amnistía aprobada por el primer Parlamento democrático tras un acuerdo entre la clase política y los militares en las postrimerías del gobierno de facto.

Las papeletas presentan dos posibilidades históricas para los uruguayos. Por un lado, la posibilidad de terminar con la impunidad de más de dos décadas. Por el otro, si el candidato del Frente Amplio (centroizquierda), José Pepe Mujica, un ex guerrillero tupamaro, se hace con la presidencia de Uruguay o si se hará necesaria una segunda vuelta el próximo 29 de noviembre.

Según los primeros sondeos a pie de urna. El Frente Amplio habría ganado con entre el 47 y el 49% de los votos, si bien será preciso acudir a una segunda vuelta para definir el nuevo presidente del país, donde Mujica se mediría al ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional 

El ministro portavoz de la Corte Electoral, Edgardo Martínez, confirmó que la participación final en las elecciones podría ser de entre el 88 y el 90 por ciento, un promedio habitual, ya que el voto es obligatorio.

Las encuestas le otorgaban a Mujica entre el 44% y el 49% de los sufragios, contra el 30% que recibía su principal contendiente, Luis Alberto Lacalle, quien gobernó el país entre 1990 y 1995. En tercer término, se ubicaba Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, con un 13% ó 15%, y cuya mayor carta de presentación es llevar el apellido de su padre, Juan María, quien fuera el autor del autogolpe que llevó a los militares al poder en junio de 1973.

El sistema electoral de Uruguay establece dos rondas. Si en la primera el candidato ganador no supera la mitad más uno de los votos, se hace necesaria una segunda vuelta entre los dos competidores mejor posicionados. La aspiración de Lacalle es poder sumar, el 29 de noviembre, los votos de sus partidarios, los de Bordaberry y una parte del 3% que los sondeos le otorgan al candidato del minúsculo Partido Independiente para derrotar a Mujica y volver a la presidencia.

Esta es la primera vez que el Frente Amplio, una coalición formada por los socialistas, el Movimiento de Participación Popular (MPP, de Mujica) y la denominada Vertiente Artiguista, también de procedencia tupamara, pone a prueba una gestión de gobierno de cuatro años. El presidente saliente, Tabaré Vázquez, un médico y ex alcalde de Montevideo, se retira del cargo con un índice de popularidad del 60%.

El Frente, fundado en 1971 por comunistas, socialistas y progresistas dirigidos por el general Líber Seregni, ya fallecido, fue moderando sus posiciones hasta conquistar el poder en 2005.

La guerrilla de los Tupamaros, otrora muy crítica del Frente Amplio por su "reformismo", también limó sus aristas más radicales y se integró a la coalición que ha llevado a Mujica, prisionero de la dictadura y uno de sus dirigentes históricos, como candidato a la presidencia.

Más allá de las diferencias ideológicas legadas por la historia, la política económica del Frente y del propio Mujica no se diferencia en lo esencial del programa de Lacalle.

El único punto de fuerte roce sea la actitud hacia el Mercosur

Quizá el único punto de fuerte roce sea la actitud hacia el Mercosur: mientras Mujica se aferra a la pertenencia uruguaya al bloque de integración comercial y política suramericano, Lacalle prefiere resaltar su carácter de mera alianza comercial y mira con mucha simpatía la firma de un Tratado de Libre Comercio con EEUU.

Los uruguayos concurren hoy a las urnas para definir el futuro presidente para el período 2010-2015, el nuevo Parlamento y la suerte de dos referéndum sobre el voto por correo y la anulación de la Ley de Caducidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Un total de 2.563.297 uruguayos están habilitados para votar en elecciones con sufragio obligatorio.

El candidato de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, José "Pepe" Mujica, es el favorito para ganar, pero parece difícil que su candidatura logre superar el 50% de los votos como exige la legislación uruguaya para vencer en primera vuelta.

Mujica, y su segundo, el ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ratificaron ayer su apoyo a la Ley de Caducidad, que dejó sin castigo a los autores de crímenes cometidos durante la dictadura.

"Nosotros mañana vamos a votar para anular la ley, lo cual, para decirlo en palabras sencillas, es como si nunca hubiera existido y ello permite llevar adelante investigaciones que en el pasado estuvieron detenidas precisamente por la vigencia de la ley", señaló Astori en una conferencia de prensa para medios extranjeros junto a Mujica.

"Nosotros mañana vamos a votar para anular la ley"

Luis Alberto Lacalle, que fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995 y que es candidato por el Partido Nacional, subrayó hoy que la Ley de Caducidad ya "fue sometida a un referéndum y ratificada" por el 57% de la población.

En otra rueda de prensa recordó que al concluir la dictadura en 1985 además de la Ley de Caducidad se dio una amnistía para los guerrilleros tupamaros que habían puesto en jaque al gobierno democrático uruguayo de los años sesenta.

"Dimos por terminado el episodio" y, "o se vuelve para atrás todo, lo que sería algo inapropiado para la pacificación del país, o se dejan las cosas como están", afirmó Lacalle.

Lo más probable, según coinciden las encuestas y analistas, es que sea necesaria una segunda vuelta, que se celebraría el 29 de noviembre, para definir quién será el futuro presidente entre Mujica y Lacalle.

La Ley de Caducidad puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). La ley fue aprobada por el Parlamento tras el retorno a la democracia, en 1986, y refrendada por la ciudadanía en 1989 en un primer plebiscito.

La Ley evitó los juicios a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura

Ahora los impulsores de la derogación de la ley, con la principal central obrera del país, Plenario Intersindical-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) al frente, afirman que "no existen los temores" y la democracia "ya no esta tutelada por los militares" como ocurrió hace 20 años cuando se aprobó en el Parlamento y se refrendó en las urnas. Además, los uruguayos deberán decidir sobre la posibilidad de habilitar a partir de las elecciones de 2014 el voto por correo, sin precedentes en el país.

Al menos unos 600.000 uruguayos residen en el exterior y hasta ahora si quieren participar en las elecciones no tienen otra alterntiva que viajar a Uruguay para votar, como se presume que harán unos 20.000 que viven en Argentina.

Ambas consultas necesitan superar el 50% de los votos válidos para ser aprobados y, según las encuestas, ambos tienen una intención de apoyo popular cercana al límite mínimo y con mejores posibilidades de ser aprobado para el voto a distancia.