Las políticas activas para la ocupación son quizá la joya de la corona de las transferencias de empleo que gestionan directamente las comunidades autónomas. En 2010, supondrán un desembolso de 7.800 millones de euros, según subraya José Antonio Herce, de Analistas Financieros Internacionales (AFI). ¿Pero servirá de algo? 'El efecto es limitado', admite este experto en el mercado laboral español.

La gran mayoría de analistas coincide en que el sistema actual de formación para parados, cuyo grueso gestionan en la práctica sindicatos y patronal, no acaba de funcionar. 'Ninguna comunidad autónoma ha sido especialmente original y no sabemos mucho sobre su eficacia porque se ha avanzado poco en fiscalización', opina Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo y vinculado a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Y añade: 'Con cuatro millones de parados habría que ser mucho más selectivo y no destinar dinero para gente que encontraría trabajo igual o para empresas que crearían empleo sin ayuda'.

En opinión de Felgueroso, las políticas activas 'incluso tienen a veces efectos perversos en la economía porque podrían beneficiar a personas y empresas concretas, con lo que a veces se perjudica a otros'. E insiste: 'Hay que tener mucho cuidado y acotar muy bien'.

'Las políticas activas no funcionan en ningún lugar y está demostradísimo

Su colega Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pensilvania y también vinculado a FEDEA, think tank impulsado por el Banco de España y grandes empresas españolas, es todavía más crítico: 'Las políticas activas no funcionan en ningún lugar y está demostradísimo. Pero en España ni siquiera hay evaluación'.

Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo con el socialista Jesús Caldera y hoy en la Fundación Ortega y Gasset, coincide en que algo no marcha bien, pero se sitúa en el extremo opuesto que Fernández-Villaverde: 'Se podría hacer más, pero se necesitan medios y cuando hay que reforzarse es cuando la economía va bien, porque cuando hay crisis la prioridad debe ser, naturalmente, proteger al desempleado'.

'Aquí se consideró que las políticas activas no eran importante y esto es un error', insiste Gómez, quien considera que el desnivel con las potencias europeas es inexplicable: 'España destina a formación para el empleo un tercio que Francia y una quinta parte que Alemania. ¿Sería imaginable un diferencial tan grande en gasto en sanidad o en educación? No, pero en formación de empleo y de trabajadores lo hay'.

La suma de las partidas para empleo supone en España el 2,1% del PIB

La suma de las partidas para empleo supone en España el 2,1% del PIB. Pero dos tercios se destinan a pagar las prestaciones. Para las políticas activas queda el equivalente al 0,7%, y de este porcentaje sólo la mitad va a formación. La otra parte se destina básicamente a estímulos y bonificaciones para la contratación.

Desde la izquierda, los economistas críticos tampoco son entusiastas de las políticas activas tal y como están planteadas. Lo explica Albert Recio, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 'Las políticas activas de ocupación no crean ocupación', recalca con rotundidad. Y añade: 'Sólo tienen sentido si hay una demanda previa potencial'.

En su opinión, su auge es una consecuencia de los cambios de paradigma que trajo 'la reforma neoliberal, que considera que la macroeconomía debe limitarse a preocuparse por la inflación y dar incentivos a los mercados'. 'Lo que subyace en este paradigma es que el paro es culpa de los parados', concluye.

Las comunidades han creado sus propios servicios de empleo que en la práctica han sustituido al INEM como agencia para poner en relación a los que ofrecen un trabajo con quienes lo buscan. Tras la división, no está claro cuáles son las ratios de tutores por desempleado, uno de los baremos para medir si el servicio se toma en serio o no. Pero no hay duda de que la ratio en el conjunto de España es muy inferior a la existente en los países europeos de referencia. Valeriano Gómez, de la Fundación Ortega y Gasset, estima que Alemania, con una cifra de parados similar a la de España, destina seis veces más de efectivos para ayudar a los parados a encontrar empleo y ‘monitorizar’ su situación.