El Gobierno ha aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que regulará de forma completa un nuevo procedimiento de evaluación de la edad de naturaleza judicial.

Este anteproyecto de ley establece que será una autoridad judicial quien determine la edad, en un plazo máximo de 25 días y sin someter a la persona a desnudos integrales o pruebas degradantes.

"Damos un gran salto hacia adelante para garantizar los derechos y la dignidad de cualquier joven que llegue a nuestro país con o sin documentación, porque con esta ley van a acabarse todas las pruebas invasivas para determinar la edad, con un procedimiento más ágil, más garantista y escuchando siempre a los menores", ha destacado en rueda de prensa la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Solo en 2020 se incoaron casi 5.000 diligencias preprocesales para determinar la edad, un procedimiento de carácter administrativo que lleva a cabo la Fiscalía y que se cierra con un decreto.

Ahora será un procedimiento judicial que acabará con una sentencia susceptible de recurso de apelación. La sentencia firme que determine la minoría de edad se inscribirá en el Registro Civil, fijará la fecha en la que la persona alcanzará la mayoría de edad y tendrá efectos plenos en el ámbito público y privado.

La norma, ha recordado Llop, cumple con las recomendaciones que desde hace años hacían oenegés y organismos de toda índole, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Además, cumple el mandato de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que dio doce meses al Gobierno para diseñar este proceso.

Este nuevo procedimiento garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de interprete, la representación legal del menor, y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto con aquel.

La urgencia podría mermar los derechos de los niños

La Fundación Raíces, que lleva más de una década dedicada a la defensa de cientos de niños y niñas que llegan solos a España, ha mostrado su inquietud sobre el citado nuevo procedimiento de evaluación. 

"Nos preocupa enormemente que se plantee regular un procedimiento urgente, en el que el acortamiento de los plazos procesales pueda suponer una merma en los derechos de los niños y niñas evaluados en cuanto a sus posibilidades de alegación y prueba", denuncian desde la fundación.

Una urgencia que, aseguran desde Raíces, "influirá negativamente tanto por limitar las posibilidades de que los niños y niñas puedan obtener la documentación de su país de origen, como porque, en aquellos casos en que no sea posible documentarle, una evaluación holística de la edad de una persona no puede efectuarse adecuadamente en los cortos plazos previstos en un proceso urgente".