Una piedra más en el camino o simple incompetencia de la Administración. Todo está preparado en la embajada argentina en España para que los primeros querellantes contra los crímenes del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina mediante videoconferencia este jueves 25 de abril, tal y como ordenó la jueza María Servini. Sin embargo, a falta de menos de 48 horas para que se cumpla el plazo previsto por la justicia argentina, el inicio de las comparecencias sigue en el aire. El motivo: las autoridades españolas aún no han dado su visto bueno.  

“Estamos viviendo momentos de incertidumbre. No sabemos si el Estado español va a contestar, no va a contestar o va a decir que las comparecencias le parecen improcedentes”, explica a Público Carlos Slepoy, abogado de la querella en Argentina contra de los crímenes del franquismo, que ha comparecido este jueves en rueda de prensa junto a parte de los querellantes y los diputados Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), Joan Tardà (ERC) e Iker Urbina (Amaiur), que han mostrado su apoyo a la causa.

Todo estaba previsto para anunciar en esta rueda de prensa el inicio de las comparecencias de algunas de las víctimas de la represión franquista. El jueves debía comparecer Merçona Puig Antich, hermana de Salvador; Pedro Fausto, hijo de fusilado; y Pablo Mayoral, procesado en julio de 1975 en la causa en la que se condenó a muere de José Humberto Baena, el 27 de septiembre de 1975. Sin embargo, un imprevisto ha propiciado que la rueda de prensa se celebrera en condicional. El Estado español no se ha pronunciado sobre las comparecencias y su silencio, en caso de persistir durante las próximas 48 horas, dilataría todavía más el proceso.

El siguiente paso sería la imputación de exministros como Martín Villa o Utrera Molina

Son tres las posibilidades que pueden adoptar las autoridades españoles. Por un parte, dar el visto bueno antes del 25 de abril y todo seguiría tal cual el guión previsto por la justicia argentina. Por otro, guardar silencio. En este caso, el abogado Carlos Slepoy asegura que se retomarían gestiones con el consulado argentino para poder realizar las videoconferencias sin el consentimiento español. La última solución posible es que el Estado español señale que las comparecencias le parecen “improcedentes”. Este último caso devolvería la pelota a la justicia argentina que debería replantear la situación. “No creo que las autoridades españolas lo declaren improcedente. De ser así, ya quedaría del todo claro de qué parte están”, asegura el letrado de las víctimas.

La toma de declaración de las víctimas del franquismo por parte de la justicia argentina constituye el primer paso importante de la causa abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal contra los crímenes de la dictadura franquista. Una vez tomada la declaración de los 12 testigos que los querellantes han presentado, Carlos Slepoy, abogado de las víctimas, espera que la jueza argentina, María Servini, impute y dé órdenes internacionales de captura de, entre otros, los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez, por sus responsabilidades cuando ejercían sus carteras, tal y como adelantó Público.

Gaspar Llamazares, presente en el acto, ha destacado que el avance de la querella en Argentina muestra que el deseo de 'verdad, justicia y reparación' de las víctimas no ha cesado ni cesará nunca a pesar de la expulsión de Baltasar Garzón de la magistratura española. “El Gobierno miente diciendo que colabora con la causa. Los herederos del franquismo buscan la impunidad de sus crímenes y quieren dejar a España fuera de la legalidad internacional”, ha sentenciado Llamazares. Por su parte, Tardà ha señalado que es “estúpido que el Estado español busque la impunidad” ya que todos los países “tarde o temprano” tienen que “asumir su pasado”.