El Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes para su aprobación "con carácter de urgencia" el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, una norma que simplifica los procesos necesarios para evaluar el impacto ambiental en el desarrollo de proyectos, entre ellos los de prospecciones petrolíferas o de extracción de gas mediante fractura hidráulica.

En concreto, se simplifica a un mismo esquema muy similar los dos tipos de evaluaciones que se utilizan (evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental), hasta ahora dos evaluaciones complementarias, y se reducen considerablemente los tiempos de tramitación de los expedientes. La actual legislación establecía un plazo máximo de dos años para resolver los casos, que con esta nueva norma se limitarán a cuatro meses.

El Gobierno, no obstante, defiende que la norma "garantiza la máxima protección del medio ambiente", creará 80.000 puestos de trabajo y tendrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

"Los tiempos de tramitación son muy largos. Hay casi 10.000 expedientes pendientes de evaluación ambiental. Si se simplificaran, tendríamos un incremento de puestos de trabajo", ha asegurado el ministro, Miguel Arias Cañete, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Además, se homogeneizará toda la normativa en "un modelo básico de evaluación ambiental" para todas las comunidades autónomas, que tendrán un año para adaptarse a la nueva legislación desde su entrada en vigor.

Otra de las novedades es la creación de bancos de conservación de la naturaleza, "un instrumento de carácter voluntario que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de biodiverisdad que se produce como consecuencia de la ejecución de los proyectos con impactos ambientales".

Se homogeneiza la normativa en un modelo básico de evaluación ambiental

Por primera vez, la legislación tendrá en cuenta el cambio climático para la evaluación de impacto ambiental y los promotores podrán conocer de antemano las exigencias medioambientales requeridas para hacer un proyecto.

"Esta ley va en la línea de lo que se está discutiendo en el Parlamento Europeo en materia de evaluación ambiental y se busca seguir esa dirección", ha señalado Arias Cañete

La nueva legislación establece también la obligatoriedad de que todos los proyectos de estracción de gas a través de la fracturación hidráulica o fracking tengan que presentar una evaluación de impacto ambiental, un documento elaborado por las empresas que se somete posteriormente a un proceso de aprobación. La medida ya fue anunciada por el Gobierno cuando decidió establecer un marco regulatorio para la polémica técnica a la que el Ejecutivo ha apoyado abiertamente pese a las muchas voces en contra.

Todos los proyectos de fracking deberán presentar una evaluación de impacto ambiental Por último, Arias Cañete se ha referido a la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que comtempla sanciones de hasta dos millones de euros a las gasolineras flotantes que suministren a barcos en zonas de especial protección. La medida, anunciada ayer por el ministro, supone poder multar a las plataformas que operen de forma permanente en mar abierto por el riesgo al medio ambiente que conlleva su actividad. Hasta ahora, sólo era posible sancionar tras un vertido o un daño al medio ambiente. El Gobierno espera que las sanciones se pongan en práctica a principios de 2014.