El destino de las cerca de 120 personas que cohabitan en la nave industrial de la calle Puigcerdà, en el barrio barcelonés de Poblenou, espera a que se dicte sentencia. El juez deberá decidir hoy si falla a favor de Finques Riana, propietaria de la instalación, que presentó una demanda para exigir el desalojo del que hoy por hoy es el asentamiento más grande de Barcelona.

Allí pernoctan cada noche más de un centenar de vecinos, en su mayoría de origen subsahariano, en pésimas condiciones humanitarias y de salubridad. Durante el día la afluencia aumenta y llegan a ser unos 300 los que se desplazan hasta la nave para abrirse un hueco en el negocio de la recogida de chatarra y la venta ambulante.

Un defecto de forma permitió en mayo que la vista fuera aplazada hasta el 11 de junio. Pero hoy, quienes luchan por los derechos de las personas que viven en este tipo de asentamientos tiene pocas esperanzas en que algo así pueda volver a producirse. "Es previsible que el juez falle a favor de los propietarios y ordene el desalojo", comenta a Público Manel Andreu, miembro de la Red de Apoyo a los Asentamientos. De ser así, ya existe fecha para la ejecución: 19 de julio de 2013.

Y después... ¿Qué? "Después no sabemos qué puede pasar", reconoce Andreu. La mayoría de los habitantes que han sido desalojados de otros asentamientos en Poblenou en procesos anteriores se han reubicado como han podido. Algunos en otras naves, incluso en la de Puigcerdà; otros en la calle. "Cada vez es más difícil porque el cerco es más pequeño y mucha gente que se ha quedado sin trabajo se ha metido en el negocio de la chatarra", señala.

Si el juez ordena el desalojo, este deberá producirse el 19 de julio

El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha a principios de año el plan municipal para los asentamientos que provee ayuda humanitaria a los habitantes de algunas naves y plantea soluciones de realojo y de inserción socio laboral según las condiciones legales de cada persona. Sin embargo, los resultados seis meses después no han sido demasiado fructíferos. Según datos del propio consistorio, de los 100 vecinos que ya han sido desalojados, sólo 20 han sido reubicados en Centros de Primera Acogida y otros pisos a cargo de entidades locales. La Red de Apoyo a los Asentamientos calcula que en total hay cerca de 700 personas malviviendo en asentamientos de la ciudad, de las que 167 han sido atendidas por los servicios municipales.

Concretamente en el caso de la nave de la calle Puigcerdá, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que se han atendido 29 peticiones de orientación y asesoramiento y han comenzado 13 procesos de búsqueda de trabajo. 38 habitantes habrían recibido ayuda para vivienda en Centros de Primera Acogida y pisos tutelados y otros 10 derivados a centros de asistencia social.

El ayuntamiento ha prestado ayuda para vivienda a 38 ocupantes de la nave de Puigcerdà

"El plan tiene buena voluntad pero es poco creíble", argumenta Andreu, que critica que está pensado sólo para los ocupantes que estén en una situación administrativa regular y que no plantea una solución global al problema, sino que se aplica caso por caso.

La Asamblea solidaria contra los desalojos de Poblenou organizó el pasado domingo una jornada reivindicativa en el vecindario para pedir la regularización de las personas que viven en los asentamientos y que se les proporcione un espacio donde alojarse y puedan seguir trabajando. "Nosotros planteamos soluciones jurídicas y de fondo. Muchos están sin papeles y las administraciones podrían regularizar su situación porque entendemos que con la recogida de chatarra están haciendo un servicio a la comunidad", sostienen. Una de las alternativas planteadas por los colectivos de apoyo es la creación de una cooperativa de chatarreros que pueda darles salida.

Sobre otra nave en la calle Pere IV pesa una orden de desalojo, pendiente aún de ejecutar

"Esto es un problema social que tenemos todos. Yo no sé si el Ayuntamiento ha pensado lo que va a hacer con 300 personas que se van a quedar en la calle", dice Andreu. La amenaza no se cierne sólo sobre los ocupantes y trabajadores de la nave industrial de Puigcerdà. Sobre los habitantes de otra nave en Poblenou, ubicada en la calle Pere IV, también pesa una orden judicial de desalojo aún pendiente de ejecutar pero que, aseguran desde la Asamblea, puede ocurrir "en cualquier momento".

Andreu ha denunciado en conversación con este diario que la Red de Apoyo ha tratado de ponerse en contacto en numerosas ocasiones con la propietaria de la nave, Finques Riana, para tratar de llegar a una negociación, pero jamás han querido recibirlos. "Es un caso de total hipocresía porque la familia propietaria de Finques Riana mantiene la Fundación Maite Iglesias Baciana que se dedica a proyectos de ayuda a mujeres en Etiopía".