La Justicia argentina quiere localizar a los ministros de Franco

Se han terminado las excusas. La Justicia argentina ha pasado a tomar parte activa en la investigación de los crímenes del franquismo pidiendo al Estado español que informe sobre los ministros y otros responsables de la represión entre el día que arrancó el golpe de Estado, el 17 de julio de 1936, y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría exige "nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange", acompañados del certificado de defunción de aquellos que hayan perecido. Es decir, que España tendrá que aportar información de aquellos que todavía siguen vivos, como por ejemplo, el exministro franquista Manuel Fraga.

Según explicó a Público uno de los abogados querellantes, Máximo Castex, la resolución judicial ordena también el listado de empresas privadas, aún activas, que se beneficiaron del "trabajo esclavo y forzado de presos republicanos". Igualmente se demanda información sobre el número e identidad de las personas desaparecidas, sobre su momento y lugar de desaparición; de cuantas personas fueron torturadas y asesinadas dentro de la "persecución política"; de los niños que fueron robados a sus familias de origen, "con su ulterior sustitución de identidad", y de las familias que fueron despojadas de esos menores. Se piden, además, los "informes sobre las fosas comunes encontradas, y la cantidad de cuerpos recuperados hasta la fecha", detalla.

Otro grupo de medidas aprobadas responde a pedidos de los seis querellantes particulares de esta causa, que solicitan los datos de los que ordenaron torturar y fusilar a sus familiares, además de la de los jueces que firmaron sentencias de muerte contra ellos. Como tarea pendiente, queda aplazada por ahora una de las aspiraciones de los demandantes, que requería la presencia de la jueza en la embajada argentina en Madrid para que pudiera tomar testimonio a las víctimas de la dictadura franquista.

Argentina reclama la investigación de los delitos del franquismo en base al principio de justicia universal, una figura que reconoce la Constitución argentina al igual que la española, para investigar los crímenes de genocidio o de lesa humanidad, que son los delitos que ahora investiga la Justicia de ese país contra los responsables del franquismo.

La primera demanda para indagar sobre los crímenes de la dictadura española en Argentina la presentaron familiares de víctimas del franquismo el 14 de abril de 2010. Seis meses después, Servini de Cubría envió un primer exhorto a España para que informara de qué investigaciones en curso existían sobre los crímenes.

La Fiscalía General del Estado no respondió hasta mediados de este año. "Decía que se estaban llevando a cabo diversas investigaciones en varios juzgados del país, pero tratando de encubrir la realidad, que era la falta absoluta de una investigación judicial", según Carlos Slepoy, otro de los abogados que impulsó la causa.

Es por eso que este segundo exhorto de la jueza Servini de Cubría es un "avance del procedimiento", señaló el letrado. La magistrada, añade, "no da crédito a lo que afirma la Fiscalía española". Asimismo, sostiene que ya "se ha desencadenado un mecanismo que difícilmente tiene marcha atrás", y que es de esperar que una vez Argentina identifique a los responsables todavía vivos de la dictadura franquista, se los impute y se los llame a declarar, con las consiguientes órdenes internacionales de detención.

Según las investigaciones del juez Baltasar Garzón, el franquismo debe responder todavía por los 113.000 desa-parecidos y por los 30.000 niños que fueron robados durante la dictadura.