La ley del aborto incluirá la obligatoriedad de comunicar al menos a uno de los progenitores o tutores de las menores de más de 16 años su decisión de interrumpir su embarazo, después de un acuerdo de última hora alcanzado entre PSOE y PNV.

Sin embargo, el dictamen aprobado, que ahora se votará en los plenos del Congreso y del Senado, establece también ciertas excepciones. La menor podrá abortar sin el conocimiento de sus padres cuando pudiera suponerle un peligro cierto de violencia familiar, amenazas, malos tratos, desarraigo o coacción. La decisión final la tomará la joven de 16 ó 17 años.

"Las menores son menores, por lo tanto se necesita mínimamente información", aseguró el diputado del PNV Joseba Agirretxea.

"Se debe informar a los padres, y decimos cual es la excepción en la cual no es necesaria esa información, pero la excepción no puede ser la regla", añadió.

Desde el principal partido de la oposición, sin embargo, se considera que este punto abre la puerta al aborto libre de las menores y se convertirá en "el verdadero coladero para que las menores puedan abortar sin el conocimiento de sus padres", advirtió la diputada del PP Sandra Moneo.

"Una ley, a nuestro juicio radical, que va a suponer la implantación del aborto como un método anticonceptivo más, que va a banalizar la práctica del mismo, y que va a desproteger a los menores del apoyo de sus padres", añadió Moneo.

Sin embargo, según el PSOE, la aprobación de un dictamen tan ambicioso supone un "día histórico" para la mujer española.

La portavoz socialista Carmen Montón calificó la ley de "equilibrada", "consensuada" y "demandada", además de "un avance histórico para las mujeres de nuestro país que se equiparan al resto de mujeres europeas".

La posibilidad de que las chicas de 16 años abortasen sin el consentimiento paterno era el punto más conflictivo del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción voluntaria del embarazo, que liberaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

Además, la ley de plazos establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta la semana número 22 si hay un alto riesgo para la vida o la salud de la madre o anomalías en el feto, y sin límite para las anomalías muy graves o incurables o cuando los facultativos lo estimen oportuno.