El borrador de la nueva Ley de Costas que ha presentado el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y que propone una amnistía para 10.000 viviendas ilegales y 3.000 chiringuitos playeros ha desatado las críticas de las ONG y asociaciones para la protección del Medio Ambiente. En una conversación telefónica con Público, Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, calificó la norma de 'disfraz' y denunció la poca transparencia del Gobierno a la hora de preparar el proyecto

'El proyecto de Ley demuestra las verdaderas intenciones. Como ha dicho la vicepresidenta del Gobierno durante la rueda de prensa, se trata de una norma que destaca por cualquier cosa menos por sus valores medioambientales', asegura. La activista denuncia que el Ejecutivo no haya tenido en cuenta 'en ningún momento' la opinión de los grupos ecologistas y afirma que 'sólo ha tratado de beneficiar la inversión y a determinados colectivos económicos que han tenido acceso al proyecto'.

Desde Greenpeace se cuestionan los datos que maneja Arias Cañete para afirmar que el número de viviendas en situación irregular son 10.000 ya que, según Marcos, 'los propios afectados por la actual Ley de Costas en el País Valencià hablan de 300.000 viviendas ilegales'. Para los ecologistas, por tanto, 'las estadísticas que manejan no tienen ningún sentido'. De hecho, Marcos asegura que si la intención del Gobierno hubiera sido salvaguardar la situación de las familias, 'la actual legislación habría permitido mantenerlas' en pie.

La portavoz de Greenpeace afirmó que 'estaba claro desde el principio que la única motivación era económica. Si no llega a ser por un soplo no habríamos sabido si quiera que esto iba hoy al Consejo de Ministros'.

Marcos también ha calificado como 'otro engaño' la propuesta del Gobierno para evaluar el respeto del medio ambiente de las industrias que están próximas al mar -1.300 empresas, según Cañete-. 'Para eso ya está la ley de evaluación del impacto ambiental, que se encarga de estudiar el impacto específico en las marismas o las dunas que tiene la industria', explica Marcos quien incide en que 'la actual Ley de Costas ya sugería que en el caso de que se pudieran reubicar para proteger el medio ambiente, tendría que hacerse'.

'Con esta ley están violando todas las competencias de las comunidades autónomas' Tampoco convence la denominada cláusula anti Algarrobico. Según Marcos, 'para tener credibilidad', el Gobierno debe 'empezar por tirarlo'. Aunque el Ejecutivo puede encontrarse con un problema añadido: 'Con esta ley están violando todas las competencias de las comunidades autónomas', denuncia.

El precio de la demolición del hotel es otro tema que llama la atención para Greenpeace. 'Esa valoración estaba en un informe que ya habíamos hecho nosotros y que habíamos enviado al Ministerio. La semana pasada el ministro nos dijo que no conocía el informe y sin embargo está diciendo que cuesta lo mismo que nosotros le dijimos', añade Marcos, para quien 'es totalmente incoherente que el Gobierno hable de un coste de siete millones para demoler El Algarrobico y que después diga que derribar las viviendas ilegales cuesta mucho dinero'.