Este artículo se publicó hace 15 años.
El PP presenta unas conversaciones del caso Mercasevilla como ejemplo de la "doble vara" de la Fiscalía
El Partido Popular ha presentado hoy el audio de las conversaciones del caso Mercasevilla, que investiga la presunta petición de comisiones ilegales, como un ejemplo "escandaloso" de la "doble vara de medir" de la Fiscalía cuando se trata de políticos y comunidades del PP y del PSOE.
El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, han presentado en rueda de prensa las cintas de las conversaciones que grabaron dos empresarios para demostrar que los directivos de Mercasevilla les solicitaron una comisión de 300.000 euros para la Junta y el pago de otros 150.000 como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública.
En las conversaciones, a las que ha tenido acceso el PP al estar personado en la causa, intervienen -además de los empresarios del Grupo La Raza- el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el ex director adjunto de la empresa, Daniel Ponce, ambos imputados por presuntos delitos de cohecho, fraude de funcionario público y prevaricación.
Para el secretario de Comunicación del PP, estos audios ponen de manifiesto que ante "indicios probatorios similares" la Fiscalía y la Policía pueden actuar "a cien por hora cuando es el PP y quedarse quietos cuando es el PSOE".
A su juicio, en el primer caso se persigue a los políticos "hasta más allá" de la línea que marca la presunción de inocencia, mientras que en el caso del PSOE "levanta el pie del acelerador y deja que la inercia conduzca a la impunidad".
González Pons ha resumido así el caso Mercasevilla: "Dos políticos socialistas en Andalucía después de haber intentado cobrar comisiones de unos empresarios son grabados por éstos y en las grabaciones no sólo piden dinero para la Junta de Andalucía sino que además explican que es práctica habitual cobrar comisiones de todas las subvenciones que otorga la Junta".
Los empresarios, ha recordado, enviaron las cintas a un consejero de la Junta que las remitió al fiscal, quien, según González Pons, "las tuvo durante meses sin hacer absolutamente nada" hasta que se publicó la noticia, el PP presentó una denuncia y se inició un procedimiento judicial.
"La actitud del fiscal y de la policía ha sido de brazos caídos (...). No hay detenidos, no hay esposados, ni prisiones preventivas", y uno de los cargos públicos imputados sigue en su puesto, ha subrayado el portavoz del PP.
Las cintas, ha insistido, son la muestra de que en España se persigue a las comunidades gobernadas por el PP y se "olvida en los cajones las evidencias de casos gravísimos que afectan a comunidades gobernadas por el PSOE".
Ha agregado que según las cintas y las personas que intervienen, que son -ha insistido- "cargos públicos", el PSOE "estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta e incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".
González Pons ha recordado que de afirmaciones parecidas y de cintas grabadas de forma muy similar surgió el 'caso Gürtel' y ha añadido que "si estas grabaciones en lugar de referirse al PSOE se hubiesen referido a una comunidad gobernada por el PP habría intervenido el Fiscal General del Estado, la UDEF, la Audiencia Nacional y habría prisiones incondicionales y gran escándalo periodístico".
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla se ha referido al caso como un escándalo de grandes dimensiones y ha señalado que demuestra cómo el PSOE "convierte el dinero blanco en dinero negro. Cómo convierte el dinero público en dinero B".
Ha recordado que además de Mellet y Ponce está imputado el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, quien no ha sido apartado de su cargo, incumpliendo -ha destacado- el código ético del PSOE.
Según Zoido, por las noticias que tiene su partido el entonces presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, "estaba informado al dedillo del tema desde el primer momento" porque la persona que entregó las cintas a la Junta es un hombre de su círculo más próximo.
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