Por qué queremos reformar la negociación colectiva

El Acuerdo Económico y Social firmado el 2 de febrero de 2011 por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos pone en valor el carácter bipartito de la reforma de la negociación colectiva, y refuerza el principio central de la negociación colectiva, como es la autonomía de los representantes de empresarios y sindicatos a la hora de definir las condiciones de trabajo.

Para UGT y CCOO, conseguir un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva es abrir el camino para implantar un sistema de negociación colectiva más estructurada, articulada y eficaz, que sea útil a los trabajadores y a las empresas.

Deben adaptarse las condiciones de trabajo a la evolución económica

La negociación colectiva es un instrumento clave para la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Por eso rechazamos los intentos de recortes de este derecho fundamental con propuestas como las del Pacto de Competitividad de la Unión Europea (UE).

Hoy, la negociación colectiva se enfrenta a nuevos retos, tiene que abordar más contenidos y otras prioridades, y hacer frente a las modificaciones de la estructura productiva derivadas de los procesos de globalización, descentralización y externalización.

Empresa pública y privada

La reforma tiene que dar cobertura a las actividades sin convenio sectorial

Todo esto no sólo afecta a la empresa privada, sino también a las administraciones públicas y, en ocasiones, se traduce en una mayor individualización de las relaciones de trabajo, en la proliferación de relaciones laborales de carácter especial y en nuevas organizaciones empresariales, cuya representatividad resulta, a veces, difícil de determinar.

CCOO y UGT queremos impulsar y mejorar la estructura y articulación de la negociación colectiva de los diferentes ámbitos existentes, propiciando el ámbito sectorial estatal, convenio general o acuerdo marco, que se complementan con otros ámbitos en función de razones productivas. Junto a los convenios sectoriales estatales, que unifican, simplifican y reducen la atomización y desvertebración actual, las organizaciones sectoriales considerarán la ordenación y articulación al convenio estatal de otros ámbitos subsectoriales, provinciales y/o autonómicos y la potenciación del ámbito de empresa.

Pensamos que la reforma debe dar cobertura a las actividades sin convenio sectorial de referencia, y la creación de nuevos ámbitos de negociación debe garantizar la ausencia de la concurrencia y la invasión de ámbitos negociables ya establecidos.

Se deben corregir las deficiencias de legitimación en los convenios reforzando la legitimación sindical en la empresa y buscando soluciones a la legitimación empresarial, sobre todo en el ámbito supraempresarial, reforzando la seguridad jurídica de lo pactado.

Adaptación a la economía

UGT y CCOO consideramos que debe ser objeto de la reforma la mejora de los instrumentos de flexibilidad interna, y la adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución económica de las empresas sin merma de los derechos laborales, en la dirección del vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2010-2012) revertiendo los aspectos lesivos de la Reforma Laboral en esta materia y los descuelgues salariales, mediante procesos transparentes de información y participación con las organizaciones sindicales más representativas en la empresa y en el sector, reforzando a la vez el papel del sindicato en la pequeña y mediana empresa.

CCOO y UGT apostamos por dinamizar la negociación colectiva, reforzando el deber de negociar y evitando que existan obstrucciones, incumplimientos, bloqueos o prácticas que impidan el desarrollo y aplicación del proceso de negociación; evitando la judicialización de la negociación colectiva, reforzando el papel de las comisiones paritarias y potenciando los instrumentos previstos en los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos vigentes en cada ámbito, garantizando derechos fundamentales de los trabajadores.

Para UGT y CCOO, el avance en esta dirección supone reforzar la autonomía de los interlocutores sociales con el objetivo de potenciar y mejorar el empleo y la actividad económica.