Varios correos electrónicos intervenidos por la Policía a Orange Market y reproducidos en el informe policial que ha destapado la financiación ilegal del PP valenciano constatan que la trama Gürtel falsificó facturas en beneficio de la formación conservadora.

Según fuentes del caso, en uno de esos correos un empleado de Orange Market se dirige a un subordinado de José Ramón Blanco Balín, blanqueador de la red corrupta, y le da instrucciones sobre dos facturas. Tras especificar el número de cada una de ellas y el importe superior a 30.000 euros en un caso y a 80.000 en el otro, le comunica que ambas deben ponerse a nombre de la empresa Ortiz e Hijos.

Mascarón de proa de un grupo inmobiliario y de construcción con base en Alicante, la empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA obtuvo entre 2004 y 2008 un mínimo de 129 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. En numerosas ocasiones, Ortiz acudió a los concursos de la mano de gigantes de la obra pública española. En esas alianzas, articuladas en forma de unión temporal de empresas (UTE), Ortiz se reservaba porcentajes iguales o superiores al 40%.

La existencia de esos mensajes cruzados entre la franquicia valenciana de la red y las oficinas del ex vicepresidente de Repsol cimentan la principal acusación policial: que el PP usó una red opaca de financiación. Las pesquisas efectuadas desde que el juez Baltasar Garzón reventó la trama en febrero indican que Blanco Balín era el gran experto en maquillaje y lavado de dinero.

Unidos a los documentos contables incautados a Orange Market, esos correos constituyen una prueba tanto o más tangible que las conversaciones intervenidas. La ambigüedad de algunas de esas conversaciones telefónicas fue subrayada ayer por Ricardo Costa, número dos del PP valenciano y uno de los dirigentes conservadores que, según el informe, no sólo estaban al tanto de los manejos de la red sino que manejaron sus tentáculos.

Del informe policial se deduce, según las fuentes consultadas, que Enrique Tomás Ortiz Selfa tuvo un papel destacado como aportante de fondos. El informe incluye el listado de adjudicaciones otorgadas por la Generalitat a la empresa matriz de Enrique Tomás Ortiz Selfa, que preside o desempeña el cargo de administrador único en otras 19 sociedades. Según la Policía, Ortiz consta en la lista de empresarios que se avinieron a fingir deudas con Orange Market para evitar que tuviera que pagarlas el PP.

En abril de 2007, una juez condenó al Ayuntamiento de Alicante por haber dado trato de favor a la firma del empresario, y obligó al consistorio a compensar económicamente a la sociedad que debería haber ganado el concurso en liza. En aquel momento, la Alcaldía de Alicante estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP.

Ese mismo año, el juez que investigaba a Alperi por la concesión de unos aparcamientos ordenó averiguar en calidad de qué ocupaban los hijos del alcalde tres bungalows promovidos por Ortiz, adjudicatario del parking. Alperi se libró de ser juzgado por otro caso gracias a Juan Montero, miembro de la sala del Tribunal Superior de Valencia que preside Juan Luis de la Rúa. En febrero, Montero archivó, en una semana y sin practicar diligencias, el caso contra el ex regidor por el presunto saqueo de Mercalicante.

Ayer, tres empresas señaladas por el informe policial como pagadoras de facturas falsas, Lubasa, Facsa y Sedesa negaron haber financiado al PP. Sedesa pertenece a la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat.

Varias conversaciones interceptadas por orden judicial alimentan la idea de que la 'trama Gürtel' utilizó a la mujer de Camps para transmitir mensajes al presidente de la Generalitat y líder del PP.

En una de las escuchas, difundida ayer por la Cadena Ser, el delegado de la red corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', cuenta por teléfono a Pablo Crespo que acaba de pasar por 'el laboratorio' (la farmacia que regenta la esposa de Camps) para contarle cómo le había ido en su cita con Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat.

El contenido del informe ha trascendido al mismo tiempo que un significativo episodio localizado al comienzo de las investigaciones, cuando la Policía registró la sede de Orange Market en Valencia, en febrero. Cuando el contable de Orange vio a la Policía trató de huir por un callejón trasero. No lo logró. Consigo llevaba documentación comprometedora para el PP.