La próxima batalla entre pronucleares y antinucleares no será la de los dogmas, sino la del bolsillo. Así quisieron dejarlo muy claro los responsables de las autoridades de seguridad nuclear de unos 35 países, reunidos ayer en el marco de los preparativos del proceso internacional derivado de la catástrofe de Fukushima. Pese a que los gendarmes del átomo airearon sus diferencias de enfoque en cuanto al tipo y el método de los controles que van a efectuarse en las centrales, sí coincidieron casi unánimemente en un punto: van a exigir más presupuesto, condición ineludible para un buen peritaje.

El Comité de Actividades de Regulación Nuclear (CNRA) de la Agencia de la Energía Nuclear (AEN), vinculada a la OCDE, efectuó ayer una reu-nión clave en la que recogió las conclusiones de un seminario de gobiernos organizado por Francia. A los gendarmes del átomo les toca ahora remitir al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), para su reunión ministerial del 20 al 24 de junio, una especie de pliego de cargos con lo que debe haber en el proceso de revisión generalizada de las instalaciones nucleares en funcionamiento o en construcción, a la luz de lo sucedido en Fukushima.

Las autoridades, en su mayoría independientes de los gobiernos, no estuvieron de acuerdo en todo. Pero sí en un punto. Tanto la ASN francesa, como la CNRA británica, como la NRC norteamericana dejaron claro en conferencia de prensa que van a exigir más dotación presupuestaria para poder efectuar el proceso de revisión en profundidad. También explicitaron que van camino de exigir a las propias compañías operadoras más dotaciones presupuestarias para que ellas mismas garanticen la seguridad y otros peritajes en sus instalaciones.

De una manera especialmente afilada, señalaron un último punto: que el proceso de revisión que se va a poner en marcha no tiene por qué conducir necesariamente a órdenes de cierre de centrales ni a autorizaciones de seguir funcionando sin más.

Los reguladores también exigirán más inversión de los operadores

'Al término de las revisiones, podremos decir que una instalación no presenta problemas, o que debería cerrarse, o que puede continuar si efectúa ciertas obras y reformas. A veces, esas obras pueden tener tal coste que normalmente el operador decide cerrar la instalación. No tenemos un objetivo cifrado de instalaciones que hay que cerrar. Decidiremos sin reticencias y sin pudor', resumió el presidente de la ASN francesa, Claude-André Lacoste.

La batalla de los presupuestos y de la independencia real de las autoridades está abierta. Tanto Mike Weightman, presidente de la comisión británica, como Gregory B. Jaczko,número uno de la agencia federal norteamericana, dejaron claro que, si bien de momento tienen presupuesto para el lanzamiento del proceso de revisión, no así para un proceso serio a largo plazo.

'Vamos a necesitar recursos suplementarios para todo lo que tenemos que hacer, es decir, los test de resistencia, más inspecciones que antes no existían y estudios científicos suplementarios', señaló Lacoste. Para Weigthman, 'a medio plazo van a hacer falta más recursos'. Y la guinda la puso el estadounidense, quien se declaró convencido de que obtendrá de Barack Obama los presupuestos suplementarios, y apostilló: 'También los operadores van a necesitar gastar más en seguridad y nosotros, autoridad independiente, vamos a seguir muy de cerca eso: que tengan los recursos necesarios para las modificaciones de las centrales'.

La independencia de estos organismos se considera imprescindible

La declaración es capital por una cuestión de fondo. Francia, el país que, como presidente del G-8/G-20, está auspiciando el proceso internacional pos-Fukushima y encaminándolo hacia el OIEA,depende por completo de la perspectiva de poder seguir exportando kilovatios nucleares, tecnología nuclear y de reciclaje y centrales, y busca la manera de salvar ese sector comercial sea como sea.

En la reunión ministerial de anteayer, ya consiguió que se haya descartado por completo conceder fondos a organizaciones científicas independientes para que estudien las causas y consecuencias del cataclismo de Fukushima. Así las cosas, a falta de científicos independientes, ahora la última barrera, la única que puede evitar que todo el proceso pos-Fukushima caiga en el olvido, son estas autoridades independientes.

'La independencia de las autoridades nucleares respecto a los operadores y respecto a las presiones políticas es clave', sentenció Lacoste. 'La situación avanza en el mundo entero, pero no muy rápidamente. Debemos alcanzar la independencia de facto. Las autoridades deben tener recursos para poder decir no a un operador', añadió.

En ese camino, fue comentada de manera muy negativa la ausencia de China, que decidió no presentarse a la reu-nión, donde hay dudas sobre la independencia de las autoridades de supervisión. Es el país donde, con mucho, se están construyendo más centrales eléctricas, y en ese esfuerzo general también hay nucleares.

Respecto a la ausencia del país asiático, el director general de la AEN, Luis Echávarri, aseguró que las autoridades chinas 'están muy ocupadas' (sugiriendo que esa era la razón de la ausencia), pero que 'han cooperado y seguirán cooperando'. Por el contrario, Lacoste insistió en que China 'debía estar aquí y no está, cosa que todos deploramos y lamentamos'.

China no asistió porque sus autoridades están 'muy ocupadas'

Los tres gigantes nucleares no contaron en la rueda de prensa con la compañía de los diferentes gendarmes nucleares japoneses, cuya independencia fue puesta en duda en 2007 tras una inspección internacional. Tokio se escudó en la presentación, por Mike Weightman, de un informe preliminar sobre el accidente de Fukushima, informe que ha sido criticado por Greenpeace.

Quedan por solucionar numerosas disensiones entreautoridades. Por ejemplo, para los franceses, el proceso de estudio de lo ocurrido en Fukushima debe durar diez años, aunque se podrán ir ordenando reformas de centrales y cambios en la legislación muy rápidamente en paralelo. Para los estadounidenses, por el contrario, es una exigencia que haya un estudio en profundidad en menos de diez años, antes de dictar órdenes a las instalaciones.

En desacuerdo estuvieron también sobre la perspectiva de confiar el proceso de inspección a una estructura multinacional que ya existe (el IRRS, una especie de supercuerpo de gendarmes nucleares) y de hacer obligatoria esa inspección internacional vía un tratado. El representante estadounidense expresó de forma apenas velada la oposición de su país.

Los 54 reactores nucleares que estaban operativos en Japón antes del terremoto del 11 de marzo podrían estar parados el año que viene por distintos motivos. En la actualidad, tan sólo están funcionado 19 unidades y a todas ellas les corresponde realizar paradas de mantenimiento y recarga durante el año próximo.

Junto a Fukushima, el seísmo y el posterior tsunami obligaron a las autoridades a cerrar otras tres plantas más. Además, desde que se desatara la crisis atómica, algunas autoridades locales han optado por mantener sometidos a distintas moratorias a los reactores situados en su territorio.

Según informó ayer el Ministerio de Industria de Japón, este frenazo nuclear que tendrá lugar en los próximos meses costará 30.000 millones de dólares a las arcas niponas. Antes de la crisis, la energía atómica suplía el 30% de la electricidad del país. Hoy sólo funciona a un tercio de su capacidad cuando todos los reactores están en marcha.

Mientras, los problemas para la seguridad nuclear en Japón no logran aparcarse. Ayer, las salas de control de los reactores 1 y 2 de la central de Fukushima sufrieron un apagón de energía eléctrica que las mantuvo inoperativas durante tres horas.

Además, Tepco, que ayer marcó un nuevo mínimo histórico en la Bolsa, quiso liberar al mar 3.000 toneladas de agua contaminada desde la central de Fukushima Daini, hermana de la accidentada, que también tuvo problemas tras el seísmo. Las autoridades lo impidieron.