El acuerdo internacional contra la piratería, cuyas negociaciones eran hasta ayer secretas, pretende convertir a las compañías que ofrecen conexión a Internet en el brazo ejecutor de las sociedades de derechos de autor. El acuerdo, conocido por las siglas ACTA, será suscrito 'antes de final de este año', según fuentes de la negociación, en la que, además de la Unión Europea, participan once países, incluyendo a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

Tras tres años y ocho rondas de discusiones secretas, los promotores del acuerdo cedieron a la presión de asociaciones de internautas y consumidores, y publicaron ayer el primer borrador del texto . En él se detalla una estrategia global contra las falsificaciones, copias y violaciones de las leyes de propiedad intelectual, con un capítulo dedicado especialmente a Internet.

La presión ciudadana obligó a los países a revelar el documento

Según el documento, las compañías que suministran la conexión a la Red tendrán que desconectar a usuarios o bloquear páginas web siempre que estén al corriente de violaciones en las leyes de propiedad intelectual. En caso contrario, los operadores podrían ser perseguidos legalmente por los gobiernos por permitir esas descargas. El borrador llama a los 'proveedores de servicio a tomar las medidas apropiadas, de manera expeditiva y de acuerdo con la ley para borrar o impedir el acceso a contenido infractor [del copyright] o actividades infractoras tras tener conocimiento de estas'. Además, los países dentro del acuerdo 'promoverán el desarrollo de relaciones de apoyo mutuo entre los proveedores del servicio y los propietarios de los derechos para tratar efectivamente el incumplimiento del copyright y los derechos relacionados'.

En otras palabras: los operadores, que hasta ahora se limitaban a garantizar que Internet funcionara, pasarán a encargarse de que lo haga respetando las exigencias de la industria cultural, que culpa directamente a las redes de intercambio de archivos (peer to peer o P2P) de la reducción de sus ingresos y el ocaso de su modelo de negocio.

El comisario europeo de Comercio, Karel De Gutch, reivindicó que el acuerdo 'dará a la industria [europea] y a los creadores una mayor protección en los mercados internacionales, imprescindible para que el negocio progrese'.

El acuerdo será suscrito por los gobiernos antes de fin de año

Por su parte, la patronal europea de las operadoras de la telefonía, ETNO , recibió con 'preocupación' los párrafos referidos a la responsabilidad de las empresas que suministran conexión y aseguró que realizará 'un análisis legal detallado acerca de las complejidades del nuevo texto'.

Según varias asociaciones de internautas y consumidores, el borrador publicado ayer constituye un ataque a la naturaleza de la Red. Por una parte, porque no se garantizará que el usuario puede seguir utilizando programas con libertad; por otra, porque las comunicaciones on-line dejarán de estar blindadas por el derecho a la privacidad que rige en conversaciones telefónicas o comunicación postal, por ejemplo. Según el acuerdo, los propietarios de los derechos podrán 'obtener de un proveedor información sobre la identidad' de un internauta pirata.

'La ley de los tres avisos antes de la desconexión [norma francesa contra la descarga] podría convertirse en la ley del aviso único', denuncia Christian Engström, eurodiputado del Partido Pirata sueco. Para él, las operadoras 'no pueden ser responsables de todo lo que hacen los usuarios pero, si son obligadas a ello, no dudarán en desconectar a un usuario para que no se les acuse de ampararlo'.

La CE asegura que no será necesaria la redacción de nuevas directivas

Además de la creciente responsabilidad de los operadores, ACTA prevé la persecución de los 'intermediarios cuyos servicios estén siendo usados para violar la propiedad intelectual' como medida preventiva. Este aspecto 'pone en el punto de mira la libertad de expresión y la innovación', opina Jérémie Zimmermann, cofundador de la asociación La Quadrature du Net . Según él, 'la redacción es tan vaga que se me puede aplicar si dejo un comentario en un blog, al creador de un programa P2P como BitTorrent o al fundador de una red social, que tendría que rastrear el contenido generado por los usuarios'.

El acuerdo 'impedirá que en el futuro surjan en Europa los Facebook o Twitter', ya que estos proyectos, hoy un éxito, 'nacen a menudo en un garaje y sin mucho dinero, pero por supuesto sin recursos suficientes para controlar a todos sus usuarios', añade.

Zimmermann acusa directamente a la presidencia española de la UE, que coordina la negociación de asuntos que tocan competencias de Justicia o Interior, por permitir la introducción en un acuerdo comercial de sanciones penales para los infractores.

A pesar de ello, fuentes negociadoras de la Unión Europea sostuvieron en conversación con Público que 'el acuerdo no obligará a redactar ninguna nueva directiva o a que los gobiernos introduzcan ninguna nueva ley'.

La Comisión Europea reivindicó en un comunicado que 'ninguna de las partes propone la ley de los tres avisos o la respuesta gradual como norma obligatoria', aunque tampoco la excluye.

Reacciones en España

Para las operadoras españolas, el borrador del ACTA de ayer es más de lo mismo. En vez de impulsar una oferta legal de contenidos que disuada a los internautas de acudir a otras fuentes, los países proponen mano dura. Tampoco los defensores de los usuarios están contentos con este acuerdo.
En un comunicado, la patronal de las operadoras, Redtel , se lamentó del contenido del ACTA. 'Lo primero que sorprende es que un borrador de acuerdo comercial no contenga ninguna mención a crear oportunidades de comercio', escriben. 'Por el contrario, el borrador del ACTA únicamente se centra en medidas penalizadoras'.

Para Redtel, el recurso al castigo puede entenderse en el caso de 'la piratería de bienes físicos, donde ya existe un mercado legal de bienes equivalentes'. Pero en el caso de la digital, el ACTA refleja el mismo problema que la disposición final del proyecto de Ley de Economía Sostenible en España: 'Sólo se ocupa de medidas penalizadoras, olvidando que el problema es la inexistencia de una oferta legal'. Las operadoras insisten: 'Cualquier intento de solución que se limite a medidas coercitivas y restrictivas será un fracaso'.

Desde el colectivo Red Sostenible atacan tanto las formas como el fondo del ACTA. Critican el oscurantismo que se ha seguido en las ocho negociaciones previas y la ausencia de subordinación a los organismos democráticos internacionales. 'Buena parte de ACTA supone la exportación de la ley de propiedad intelectual de Estados Unidos al resto del mundo', dice Santiago Mola, de Red Sostenible. Es el caso del sistema de notificaciones o la ilegalización del software para sortear sistemas anticopia, 'necesarios para multitud de usos legítimos', añade.

Pero no todo lo malo viene de EEUU, denuncian. 'Desde la Unión Europea, no sabemos si desde la Comisión o desde la presidencia española, se pretende introducir en ACTA el modelo Sarkozy de desconexión de usuarios', explica.

Además, hay otros riesgos no relacionados con Internet. Uno es la confusión que recoge el ACTA entre medicamentos falsos y genéricos fabricados en países con sistemas de patentes más laxos como India o Brasil. 'Esto podría servir para frenar el comercio de medicamentos genéricos a precios asequibles en países en vías de desarrollo, que tanto les ha costado conseguir y que salvan vidas cada día', alerta Mola.  Información de Miguel Ángel Criado