El Senado ha instado al Gobierno, con los votos de todos los grupos menos los del PSOE, a presentar un proyecto de ley de Propiedad Intelectual que tenga en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el canon digital.

El texto aprobado ha quedado reflejado en una enmienda transaccional consecuencia de una interpelación presentada por el PP y que han firmado CiU, Entesa Catalana de Progrés, PNV y Grupo Mixto.

La enmienda ha sido defendida por el senador del grupo parlamentario popular José María Chiquillo, quien se ha mostrado muy satisfecho por el acuerdo logrado.

"Hoy damos un paso adelante importante para que en seis meses el Gobierno presente una nueva ley de Propiedad Intelectual", ha señalado Chiquillo.

El senador ha recordado que esta petición ya fue manifestada por la subcomisión de Cultura sobre propiedad intelectual y en un dictamen de Comisión Nacional de la Competencia a principios de año, que decía que "era preciso una reforma integral de la ley y eliminar las cuestiones monopolísticas que suponen las entidades de gestión".

Además de estas peticiones, Chiquillo ha señalado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE "ha dejado en entredicho" la aplicación del canon digital en España.

Para Chiquillo, todas estas peticiones, que ha calificado de "clamor" popular, hacen necesaria una reforma de la ley y de las entidades de gestión de derechos de autor, que son "opacas, nada transparentes y actúan en un régimen de monopolio"

Aunque el PSOE ha sido el único grupo que no se ha sumado al texto de la enmienda, el senador Imanol Zubero ha agradecido el esfuerzo de todos por llegar a un acuerdo y elaborar un texto diferente a la moción inicial del PP, que, según ha explicado, "se apoyaba en un texto legal para defender la eliminación de lo defendía ese texto".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el pasado 21 de octubre que el canon que se aplica en España a todos los equipos de reproducción digital como compensación a los creadores por la copia privada no está en línea con la legislación comunitaria y sólo puede aplicarse a los consumidores, y no a empresas, profesionales y administraciones.