Cada persona es responsable de los comentarios que realiza. Esta frase, tan obvia, no siempre es cierta. Al menos, en internet. En España hay varias sentencias que culpan a los propietarios de una web de las opiniones vertidas en ella por terceros. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información establece que 'los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio [blogs, webs...] no serán responsables por la información almacenada'. Todo cambia si el propietario de esa web sabe que en su página se ha publicado una información injuriosa y no procede a retirarla cuando recibe una notificación fehaciente.

El caso más conocido de este debate en el que unos argumentan impunidad y otros responden con libertad de expresión es el de Julio Alonso, autor del blog Merodeando. La Audiencia Provincial de Madrid ratificó su condena el pasado mayo por vulnerar el derecho al honor de la SGAE por unos comentarios escritos en su blog por personas anónimas. En la sentencia, en la que se obliga a Alonso a borrar 22 comentarios y se ratifican los 9.000 euros de multa, se considera al empresario 'colaborador necesario' por su intermediación. El bloguero ha recurrido al Tribunal Supremo buscando una sentencia en la que apela al sentido común.

En el otro lado, el cantante Ramoncín ya ganó una demanda en el Tribunal Supremo contra la web alasbarricadas.org, a la que el juez responsabilizó de las opiniones vejatorias vertidas por los usuarios. En la sentencia se especificaba que no se había cumplido con el deber de 'detectar determinados tipos de actividades ilegales'.