Este artículo se publicó hace 2 años.
Joaquín Sabina deberá pagar 2,5 millones a Hacienda por tributar de menos entre 2008 y 2010
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso del artista ante la liquidación dictada por la Agencia Tributaria por la explotación de sus derechos de autor a través de empresas familiares.
El cantante Joaquín Sabina ha perdido el recurso que presentó ante la Audiencia Nacional (AN) y deberá pagar 2,5 millones de euros a Hacienda por el IRPF entre los años 2008 y 2010 (ambos incluidos) en concepto de derechos de autor, lo cuales habían sido cedidos a empresas de su familia.
El artista era socio o administrador de tres empresas junto con otros familiares: Relatores, Ultramarinos Finos y El pan de mis niñas, explica la sentencia de la AN. Con ellas gestionaba inmuebles, un velero, libros antiguos y sus derechos de autor, de acuerdo con el inventario que recoge la sentencia del pasado 13 de abril y que ha consultado Europa Press.
Las empresas generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación durante los tres años investigados. En el caso de Ultramarinos Finos, las cantidades percibidas eran contraprestaciones por servicios artísticos del cantante. En cuanto a las otras dos sociedades, el total de los ingresos de explotación procedían de la explotación de derechos de autor, los cuales Sabina les cedió sin recibir nada a cambio, según sus declaraciones tributarias.
En la regularización de Hacienda, se dictó una liquidación de 2,5 millones que acordaba incrementar a Joaquín Sabina incrementarle la base imponible del IRPF después de que hubiera pagado menos tributos con sus empresas por el Impuesto de Sociedades. El cantante alegó no tener relación con alguna de las sociedades, pero los magistrados recuerdan en su sentencia que ese argumento es "inverosímil" y confirma que su tributación fue inferior a la que le correspondía.
Antes de que la AN desestimara su recurso, Joaquín Sabina ya interpuso una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que a su vez confirmó la resolución de 2017 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, ambas sin éxito. El artista todavía podría recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
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