La vuelta de la declaración de la renta, cuya campaña se inició en abril y finaliza el 30 de junio, unida a la disputa política que se está viviendo sobre los elementos que debería incluir la reforma fiscal en un contexto de crisis económica, ha hecho aflorar de nuevo el debate sobre cómo debería abordarse el diseño y la gestión de los impuestos. Como novedades de la campaña de este año, Hacienda ha realizado cambios que afectan a las rentas más altas, ya que las personas con unos ingresos anuales por encima de los 300.000 euros tendrán una subida de dos puntos del IRPF, hasta un tipo impositivo del 47%.

Además, los contribuyentes con beneficios derivados de los ahorros que superen los 200.000 euros deberán tributar un 3% más. Con el objetivo de premiar a los ciudadanos que apuesten por ejecutar obras para reducir la demanda de calefacción o de aire acondicionado, la Agencia Tributaria contempla deducciones para los propietarios e inquilinos de viviendas. Más allá de estos pequeños cambios, que podríamos calificar de cosméticos, las voces de expertos y economistas instan a modificar la filosofía y la estructura del sistema impositivo para hacerlo más eficiente y dotarlo de herramientas para afrontar actual crisis económica.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) presentó hace un mes aproximadamente el estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022, en este caso poniendo el foco en la tributación en Catalunya. La Comisión de Fiscalistas del CEC constata que en relación con el IRPF, Catalunya es la comunidad autónoma con el impuesto sobre la renta más elevado para contribuyentes con salarios brutos de entre 20.000 y 30.000 euros. En el caso de los impuestos de Patrimonio, donde la Generalitat ha establecido un mínimo exento de 500.000 euros, y el de Sucesiones, los autores del estudio se cuestionan "la conveniencia de mantenerlos a contracorriente de las tendencias internacionales, teniendo en cuenta las diferencias que se generan entre las comunidades autónomas".

En este estudio, el CEC pide "un esfuerzo a las comunidades autónomas en la unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos". Para ello, recomienda el establecimiento de determinados impuestos por el Estado, especialmente de carácter medioambiental, cuya recaudación se ceda a las comunidades, dándoles capacidad normativa en tipos y deducciones.

El 'dumping' fiscal

La reforma fiscal no saldrá adelante por cuestiones políticas. Es el vaticinio que hace Xavier Martínez, miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa. Con la irrupción inminente de un nuevo ciclo electoral, cree que "las medidas que se pondrán en marcha serán un mero maquillaje", cuando deberían ponerse manos a la obra para instaurar un código tributario en el ámbito estatal, que sirviera para regular las inspecciones, la gestión del cumplimiento de las obligaciones y "dejar de tratar al contribuyente como un sospechoso habitual, pensando en él como un colaborador".

Xavier Martínez defiende una armonización tributaria que evite el dumping fiscal que ejercen algunos territorios como Madrid, que "se ha convertido en una especie de paraíso fiscal con una posición ventajosa gracias a la exención del impuesto del patrimonio". Ante esta disfunción, el miembro de la plataforma recomienda implantar un tributo mínimo estatal y una reforma fiscal acompañada de un nuevo sistema de financiación. Lo mismo que ocurre con el de patrimonio se está dando con el de sucesiones. Ambos son impuestos cedidos por parte del Gobierno a las comunidades autónomas.

Con el objetivo de incrementar la recaudación de las empresas en un período caracterizado por el estancamiento económico, Martínez rechaza el tipo mínimo global del 15% del impuesto de sociedades, al considerar que será poco efectivo. Para mejorar la medida, solicita aumentar el porcentaje y revisar la fiscalidad de sociedades como Socimis o Sicavs, artefactos financieros creados para alejarse de los canales tradicionales de tributación.

En relación con el IRPF, Martínez plantea la teoría instaurada por el economista francés Thomas Piketty, por la que se proclama que la desigualdad afecta negativamente al crecimiento y por eso deben afrontarse nuevos impuestos a la riqueza. En este sentido, propone equiparar las rentas procedentes del trabajo y las del capital. Como ejemplo, el experto indica que una persona con una ganancia anual de 150.000 euros, si la tributación es como renta de trabajo, el tipo máximo puede llegar al 52%, mientras que si ésta procede del capital, la imposición se queda en el 27%.

Subvenciones y eficiencia económica

En la misma línea, en una conferencia de la pasada semana en el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, que ha participado en la elaboración de Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, se mostró partidario de la armonización fiscal en España "por equidad progresista y eficiencia liberal". El economista pide que "las ayudas puestas en práctica por la crisis se hagan por la vía de las subvenciones y no de las rebajas fiscales, que son de más difícil reversión, particularmente en los hidrocarburos que, si algo debe hacer su imposición, es aumentar".

Para López Casasnovas, "detener el dumping fiscal -sea el de Irlanda o el de Madrid- y garantizar una fiscalidad más equilibrada entre tipos de activos, reales o financieros, y entre los propios financieros, son tareas de higiene para eficiencia económica". En la reforma del impuesto sobre sociedades, el economista comenta que los cambios más importantes serán definidos por las modificaciones en la escena internacional y que muchas de ellas serán a través de transposición de directivas europeas. En cualquier caso, López Casasnovas reclama que la reforma de este tributo incida en aspectos como la mejora de la competitividad, la capacidad de innovación y el dinamismo empresarial con el objetivo último de impulsar el crecimiento potencial de la economía.

Ambos expertos coinciden en rechazar los cantos de sirena que propugnan una bajada de impuestos, argumentando que no es la acción más adecuada en el contexto actual y menos sin detallar la parte del gasto que se reduciría. Además, consideran que no son tiempos de introducir más deducciones fiscales, puesto que la tendencia general en el ámbito comunitario va en dirección contraria.

Respecto a las rentas, una vía a explorar sería deflactar los sueldos en función de la inflación. Es decir, eliminar el efecto de subida de precios sobre los salarios. Ésta es una herramienta para corregir la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, que se arrastra desde hace más de una década.