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DENUNCIA DE UGT El Estado dispara el gasto en personal directivo y recorta en el de funcionarios

La masa salarial de los empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE) bajó un 2,8% en 2017, en contraste con el aumento del 20,8% registrado en la Alta Dirección y el repunte del 7,7% para el personal eventual, compuesto, principalmente, por puestos de confianza.

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Funcionarios en unas oficinas de la adminisración central. E.P.

La masa salarial de los empleados públicos en la Administración General del Estado (AGE) bajó un 2,8% en 2017, en contraste con el aumento del 20,8% registrado en la Alta Dirección y el repunte del 7,7% para el personal eventual, compuesto, principalmente, por puestos de confianza al margen de los procesos selectivos habituales de las administraciones.

Así lo refleja un informe de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT a partir de datos de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Analizando la masa salarial de 2017 de los seis colectivos más numerosos de la Administración del Estado (funcionarios de la AGE, funcionarios de Organismos Autónomos, funcionarios de la Seguridad Social, funcionarios de la Administración de Justicia, investigadores del CSIC y personal laboral), el informe constata una reducción del 2,8%.

Este recorte, denuncia UGT, sigue la tendencia iniciada en 2009 e implica la pérdida total de doce puntos en el periodo comprendido entre ambos años. El sindicato explica que este descenso se debe, entre otras cosas, a la disminución del volumen de empleo público en todos los sectores y ámbitos de la AGE.

"Etas cifras son preocupantes, pero resultan alarmantes y escandalosas si sumanos la pérdida de años anteriores y las comparamos con el aumento que han experimentado la Alta Dirección y el personal de confianza en los mismos años", ha señalado el secretario de UGT en la AGE, Carlos Álvarez.

El sindicato califica estas diferencias de "injustas", pues "quien ha gestionado, garantizado y mantenido la prestación y calidad de los servicios públicos más esenciales durante la crisis han sido los empleados públicos y no un personal con un marcado perfil político y burocrático, contratado discrecionalmente por el Gobierno de turno, cuya eficacia, en la mayoría de los supuestos, deja mucho que desear".

UGT confía en que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo sirva para cambiar esta situación en el conjunto de las Administraciones, pues fija incrementos salariales que oscilan entre el 6,9% y el 8,79% para los próximos tres años y permite la mayor oferta pública de empleo de la última década.

No obstante, el sindicato afirma que, en el ámbito específico de la AGE, se precisa "un esfuerzo adicional" que sirva para incrementar las retribuciones y la masa salarial.