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Pacto Gobierno-Podemos Los empresarios se quejan de la subida fiscal mientras pagan la mitad que antes de la crisis

La recuperación de los beneficios no se ha traducido en un aumento proporcional del impuesto que los grava. El tipo mínimo del 15% pactado por el Gobierno y Unidos Podemos intenta atenuar situación.

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Los presidentes de CEOE, Juan Rosell (der.) y de Cepyme Antonio Garamendi, (izq.), en una comparecencia ante la prensa después de una reunión de los agentes sociales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. EFE

Algunos destacados empresarios y la propia CEOE han puesto el grito en el cielo ante las modificaciones fiscales incluidas en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Una de las más criticadas es el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (IS), que tapone la sangría de dinero público que se va por el agujero de su generoso sistema de deducciones y bonificaciones.

Ese sistema explica, por ejemplo, que las grandes empresas sólo tributen realmente por sus beneficios una media del 6,14% a pesar de que el tipo nominal se sitúa en el 25%.

Las bonificaciones y deducciones del IS permiten que las empresas descuenten ciertos gastos de la base de cálculo del impuesto, reduciendo su factura fiscal de forma significativa.

También está permitido compensar las bases imponibles positivas con las bases imponibles negativas (las pérdidas) anteriores, aunque con ciertas limitaciones.

Se dan así paradojas como que las sociedades que declaran el IS hayan recuperado el volumen de beneficios previo a la crisis, mientras que su aportación a las arcas públicas sigue muy por debajo, según el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) correspondiente a 2017.

Esas sociedades reflejaron en sus liquidaciones del IS de dicho ejercicio un resultado conjunto de 217.563 millones de euros, a tiro de piedra de los 218.019 millones de 2007. Sin embargo, los ingresos derivados del impuesto fueron de 23.143 millones de euros, poco más de la mitad que los 44.823 millones de diez años antes.

No ocurre lo mismo con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que soportan fundamentalmente los asalariados: en 2017 llegó a los 77.038 millones de euros, superando de largo la recaudación de 2007, que ascendió a 72.614 millones.

La contribución de las empresas al Estado a través del IS supuso en 2017 el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por debajo del 6,6% que representó el IRPF. En 2017, la situación estaba más equilibrada: 4,15% frente a 6,7%.

España es uno de los miembros de la OCDE donde más ha caído la recaudación por el IS desde el inicio de la crisis. Según los últimos datos conocidos, el peso de este impuesto sobre el PIB es inferior en España que en Luxemburgo, Bélgica, Portugal, Suecia, Holanda, Irlanda, Dinamarca y Reino Unido y superior que en Francia, Alemania e Italia, entre otros países.

Los detractores del establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el IS alegan que las empresas ya soportan en España una excesiva carga fiscal total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las cotizaciones sociales que pagan por sus trabajadores.

Un informe de la consultora PwC y del Banco Mundial sitúa esa carga en el 46,9% de los ingresos netos, por detrás de Francia (62,2%), Bélgica (57,1%), Austria (51,8%), Grecia (51,7%), Alemania (48,9%) e Italia (48%), y por delante de Holanda (40,7%), Portugal (39,8%), Reino Unido (30,7%) o Dinamarca (24,2%).