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Pacto Gobierno-Podemos El principio del fin de la benevolencia fiscal con los más ricos

El acuerdo para los Presupuestos del Estado apuesta por la progresividad y propone comenzar a revertir la indulgencia tributaria sobre los grandes patrimonios y las rentas más altas, aunque su aplicación chocará con variosescollos legales.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019. EFE/ Zipi

La reforma fiscal incluida por PSOE y Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario va a atenuar, si se materializa, la benevolencia con la que el sistema tributario español trata a las grandes fortunas, los grupos empresariales y los perceptores de rentas altas, aunque va a chocar con algunos escollos que dejan en el aire su materialización como norma en algún caso y su propia aplicación en otros.

La principal de esas trabas se encuentra en la Comunidad de Madrid y, en menor medida, en La Rioja, que bonifican el Impuesto de Patrimonio con, respectivamente, un 100% y un 50% de la cuota que debería ir a parar a las arcas públicas.

El acuerdo contempla incrementar un 1% ese tributo, cuya presión fiscal oscila en la práctica entre el 0,25% y el 0,37% , a las fortunas de más de 10 millones de euros. Sin embargo, según explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), la mitad de esos patrimonios, 1.500 de 3.000, están domiciliados en Madrid, con lo que seguirían sin tener que pagarlo, una situación que ya genera a sus propietarios un ahorro fiscal de más de 800 millones de euros al año.

“Más del 60% de esos patrimonios no tributan”, explica, al tiempo que anota que, de mantenerse la situación, el volumen de la exención crecería al librarse de pagar cuotas mayores. Revertirlo requeriría modificar las normas autonómicas.

Cruzado considera que “estas propuestas son un primer paso, importante, que aumentará la recaudación y elevará la progresividad”, aunque falta por conocer cómo se aplicarán en la práctica.

La necesidad de tramitar leyes

Otras dos medidas requieren una tramitación específica como leyes. Se trata del Impuesto a las Transacciones Financieras, que grava con un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cuya capitalización bursátil supere los mil millones de euros por “operadores del sector financiero”, y el tributo sobre Determinados Servicios Digitales, que prevé recaudar un 3% las operaciones de publicidad, intermediación y venta de datos realizadas por sociedades que ingresen más de 750 millones al año y obtengan al menos tres de ellos en España.

En este caso, está por ver el posicionamiento de grupos como PNV o PDCat, que apoyaron la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno pero cuyos planteamientos económicos han tenido tradicionalmente más sintonía con los de PP y Ciudadanos. El primero de esos impuestos, no obstante, está siendo impulsado por diez estados miembros de la UE.

Doblar el Impuesto de Sociedades a la gran empresa

El acuerdo presupuestario propone una reforma de calado en el Impuesto de Sociedades, del que actualmente se libran la mitad de las ganancias de las empresas y en el que los grandes grupos empresariales han soportado en los últimos años una presión fiscal real de entre el 3,8%  y el 7,9% de sus beneficios contables mientras que en el caso de las pymes se dispara por encima del 15%.

Según la última Estadística por Partidas del Impuesto de Sociedades, más de un tercio de las empresas españolas que facturan más de 30 millones de euros al año eluden tributar en el Impuesto de Sociedades, en el 13% de los casos (1.188) por dar pérdidas y en otro 24% (1.924) gracias a las deducciones y bonificaciones.

El pacto presupuestario propone crear un tipo único del 15% de la base imponible, una vez descontados gastos y deducciones, para los grupos empresariales y para las sociedades independientes cuya cifra de negocios supere los veinte millones de euros, mientras las pymes quedan al margen.

Esa medida duplicaría la aportación de la gran empresa, que fue de 18.446 millones de euros en 2017, la cual, en el caso de los grupos, debería también comenzar a tributar por un 5% de los beneficios y plusvalías que obtiene de sus filiales en el extranjero.

Paralelamente, el tipo nominal del impuesto, es decir, el porcentaje de la base imponible a pagar, se reduce dos puntos (del 25% al 23%) para las pymes que facturen menos de un millón de euros al año. “Todo lo que sea ahondar en ese diferencial parece positivo”, señala Cruzado, quien, no obstante, matiza que buena parte de esas sociedades no tributan en la práctica por no obtener beneficios. Ocurrió en 2016 con el 27,9% (515.359) de las que facturan menos de 600.000 euros, a las que se suma otro 53,28% (983.812) con cuota negativa.

A las sicav les sale casi a devolver

Las sicav, las sociedades de inversión colectiva en las que las grandes fortunas gestionan parte de su patrimonio, son otro de los instrumentos que ahora atenúan las obligaciones fiscales de los más ricos.

Según los últimos datos disponibles en la Agencia Tributaria, las 5.336 registradas en 2016 acumulaban un patrimonio de 294.353 millones de euros, la mayor parte de él, 263.539, en inversiones financieras. Sin embargo, tras obtener unas ganancias de 5.119 millones y aplicarse unas deducciones de 1.504 por pérdidas de años anteriores, el pago final se quedó en apenas siete millones de euros, lo que sitúa la presión fiscal en el 0,13%.

El acuerdo propone aumentar las competencias de inspección de la Agencia Tributaria y vincular la posibilidad de que puedan seguir tributando solo al 1% en Sociedades a que su capital no esté concentrado en una o pocas manos, algo que ahora resulta habitual pese a la exigencia de contar con un mínimo de cien socios, y apuesta también por elevar la tributación de las socimi, las sociedades de inversión inmobiliaria, al 15% en el caso de los beneficios que no distribuye entre sus socios.

Las rentas altas tributan al 32%

El acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos entra también en la regulación del IRPF, el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, aumentando dos puntos la tributación para las rentas de 130.000 a 300.000 euros y cuatro a partir de esa cifra.

La última reforma estableció cuatro tramos con los que, una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones, quienes ganan hasta 12.450 euros tributaban un 19%; de ahí a 20.200, un 24%; entre esa cifra y 35.200, un 30%; de 35.200 a 60.000, un 37%, y a partir de 60.000, un 45%.

La propuesta afecta a apenas el 0,5% de los contribuyentes, uno de cada 200, ya que solo 91.408 entre 19,6 millones declaran ingresos superiores a los 150.000 euros. Con una base imponible de 33.914 millones (21.296 en la general y 12.614 en ahorro), en la declaración del año pasado acabaron pagando 10.988, un 32,4%, casi un tercio por debajo del 45% teórico.

“Es otra medida que va en la línea de generar una mayor progresividad, que es lo que ocurre cuando se crean nuevos tramos”, señala Cruzado, que la considera “un paso positivo”.

Los técnicos de Hacienda, por otro lado, reclaman más medidas para la lucha contra el fraude y la elusión fiscal.