Pocos tópicos pueden resultar más falsos que aquel que habla del País Valencià como el Levante Feliz. Si fuera cierto aquello de que el dato mata el relato, la autopercepción de los valencianos cambiaría sustantivamente. O al menos eso es lo que se desprende del informe El sistema de financiación autonómica y las comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma, que ha publicado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y ha sido elaborado por un equipo investigador compuesto por los economistas Francisco Pérez (Ivie y Universitat de València), José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de València) y Juan Pérez (Ivie).

En él, se constata un pronunciado empobrecimiento relativo del País Valencià desde 2002. Entonces, el PIB per cápita valenciano ya se encontraba por debajo de la media estatal: era un 4,7% menor y el País Valencià ocupaba el octavo puesto del ranking. Veinte años después, sin embargo, ha bajado hasta el 12º y la brecha en PIB per cápita respecto a la media ha subido hasta el 13,8%. El factor clave que señala el informe para explicar esta caída es claro: la infrafinanciación. Pero ¿en qué consiste y por qué tiene este efecto?

El informe del Ivie define la infrafinanciación como la diferencia entre la financiación per cápita efectivamente recibida y la financiación per cápita de media del sistema. El cálculo empieza en 2002 porque es entonces cuando el sistema autonómico se consolida y todas las autonomías gestionan competencias homogéneas, aunque en el mismo informe se apunta que, probablemente, la infrainversión viene de más atrás.

En 2002 se aprobó el sistema de financiación autonómico que se conoció como el modelo Zaplana. El sistema se revisó en 2009, esta vez bajo un Gobierno socialista, y se tendría que haber reformado en 2014, ya con Mariano Rajoy como presidente, pero no se hizo. El sistema de 2009 es, por tanto, el que actualmente está vigente y el que, por otro lado, ha tenido un mayor periodo de aplicación. Teniendo en cuenta los plazos de reforma que el propio sistema establece, el sistema de 2009 se tendría que haber reformado por lo menos un par de veces desde entonces, pero no se ha hecho.

Infrafinanciados y por debajo de la media de renta

La infrainversión acumulada entre 2002 y 2023 suma, según el cálculo del Ivie, 20.339 millones de euros. Ahora bien, como explica a Público Juan Pérez, economista del Ivie y coautor del informe, se trata de una cifra de mínimos. Son más de dos décadas en las que la Generalitat ha estado infrafinanciada, con diferencias que pueden llegar a suponer unos mil euros de financiación per cápita entre Cantabria, la autonomía del régimen común con una financiación per cápita superior (4.163 euros por habitante), y el País Valencià (3.148 euros por habitante). Se trata, para el País Valencià, de una constante de alrededor de un 10% menos que la media.

Una de las paradojas del sistema, y que rompe, de hecho, las directrices legales sobre las cuales se sustenta, es que el País Valencià está claramente por debajo de la media estatal de renta, pero se trata, al mismo tiempo, de la autonomía que tiene una financiación por habitante inferior de todas. Aquí hay una explicación de por qué la cifra de infrainversión acumulada se considera de mínimos: según el sistema, el País Valencià tendría que disponer de una financiación por habitante superior a la media, como apoyo a la convergencia en renta per cápita. Es decir, no debería aportar solidaridad, sino recibirla.

Infrafinanciación y endeudamiento

Sea como sea, la infrafinanciación ha supuesto un aumento de la deuda que, además, a partir de la Gran Recesión (2008-2012), cuando cayeron críticamente los ingresos, se ha disparado hasta haber convertido el País Valencià en la autonomía con una mayor deuda per cápita de todo el sistema. Alrededor de uno de cada cuatro euros de los presupuestos de la Generalitat se dedican al pago de la deuda y, asimismo, cada año se dedican alrededor de 1.000 millones de euros para pagar los intereses que genera —al margen de su amortización—. 

Sin margen para la autonomía

Para Juan Pérez, la consecuencia sobre la capacidad de autogobierno es clara: "No hay margen para la autonomía". En 2023, el 95% de los ingresos no financieros de la Generalitat se dedicaron a cubrir servicios esenciales (sanidad, educación, dependencia, etc.), más de diez puntos por encima de la media de las autonomías de régimen común. Ello supone que la autonomía asume como objetivo cada año el de "sobrevivir", y, por lo tanto, según Pérez, "no hay capacidad para hacer política que no sea la esencial". Además, el 5% restante también hay que dedicarlo a pagar deuda y sus intereses.

Es decir, la poca autonomía valenciana que queda se financia con más deuda, lo que conlleva que el círculo vicioso se estreche y que el sistema cada vez sea más lesivo. Para el autor del informe del Ivie, el margen de maniobra restante para realizar inversiones que puedan beneficiar a los sectores productivos, para dotar ayudas a la investigación y el desarrollo o parar reorientar la economía hacia otros modelos es sumamente escaso. 

Por otro lado, la infrafinanciación no se ve compensada tampoco con la inversión presupuestaria por parte del Estado para infraestructuras en el País Valencià. Antes al contrario, en el cómputo acumulado de las últimas décadas, en las ratios de inversión por habitante o de ejecución de las inversiones presupuestadas, el País Valencià también ha ocupado el furgón de cola. Aunque hace años que no se publican oficialmente, hay pocas dudas que las balanzas fiscales valencianas, en este sentido, son deficitarias.

Un ejemplo en este sentido que pone Pérez son las infraestructuras hidráulicas: la falta de recursos, provocada tanto por la infrafinanciación como por la infrainversión, ha sido un factor que ha sumado para que no se hubieran llevado a cabo adecuaciones o canalizaciones en el sistema hídrico de la rambla del Poyo, cuando sí que había proyectos sobre la mesa al respecto.

La Gran Recesión fue un punto inflexión clave, que hizo que los problemas valencianos de financiación se agudizaran, tal como se señala también en el informe. Los ingresos caen, la deuda se dispara y la Generalitat tiene vetado el acceso a los mercados regulares de deuda. Desde entonces, tal como explica Pérez, la Generalitat "no dispone de autonomía financiera", y depende del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se creó entonces, para su funcionamiento o, incluso, para pagar deudas a proveedores.

En aquel momento, el Estado se reservó para sí los márgenes de déficit en las cuentas públicas que imponía Europa, como también usó el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). La recaudación extraordinaria de la subida del IVA que efectuó el Gobierno de Mariano Rajoy se la quedó íntegra el Estado, a pesar de que el sistema guarda una parte para las autonomías. En definitiva, el Estado protegió sus cuentas, pero en detrimento de las cuentas autonómicas, más aún de los territorios infrafinanciados, como el valenciano.

Así pues, tenemos un escenario en el que alrededor del 90% de la deuda valenciana está en manos del Estado, a través del FLA, y, según las conclusiones del informe del Ivie, como mínimo, un 80% de la deuda valenciana es consecuencia de la infrainversión. ¿Sería el momento para abordar una condonación de la deuda?

Según Pérez, en un contexto como el actual, después de la DANA, se hace urgente y necesario abordar una solución de esta problemática: "No se puede retrasar más, porque cada vez el problema se hace más grande e insostenible".

Soluciones específicas para un problema específico

Ahora bien, Pérez reclama que el problema valenciano, puesto que es específico, requiere también de soluciones específicas. Es decir, si la condonación parcial de la deuda autonómica, como la que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, "perdona para todos el efecto de la caída de ingresos generalizada durante la Gran Recesión y el endeudamiento que comportó, pero no tiene en cuenta un perdón de la deuda específico para los efectos sobre ella de la infrafinanciación, no nos sirve para mucho".

Así pues, como el problema de la deuda valenciana es sistémico, y es una consecuencia de la infrafinanciación, una condonación, parcial o total, de la deuda sin afrontar la reforma del sistema de financiación, no resolvería el problema, porque sería cuestión de tiempo que se volviese a generar.

Fondo Transitorio de Compensación mientras se reforma el sistema

Pero ¿es posible reformar el sistema? Más aún: ¿es posible reformar el sistema y que este comporte una financiación no lesiva para el País Valencià, teniendo en cuenta los antecedentes? Juan Pérez reconoce la dificultad del pacto político que ello supone, pero también reflexiona que la condonación parcial de la deuda autonómica por parte del Gobierno también parecía muy complicada y se ha llevado a cabo. 

El informe elaborado por el Ivie plantea la puesta en marcha de un Fondo Transitorio de Compensación (FTC) para que las autonomías infrafinanciadas se sitúen en la media, al menos, mientras no se aborde la reforma total del sistema. Para Pérez, esta propuesta es viable, porque no supondría que las autonomías con más recursos per cápita perdieran ingresos, sino que la nivelación de las autonomías peor financiadas se produciría a través de la inyección de recursos en el sistema.

La propuesta de dotar este nuevo FTC no solo serviría para aliviar parcialmente las cuentas de las autonomías infrafinanciadas, sino que tendría, razona Pérez, un efecto positivo sobre el sistema en su conjunto, ya que, al reducir los márgenes de hipotéticos perdedores y ganadores y estrechar las diferencias entre todos los territorios, la reforma global futura del sistema se facilitaría. Pérez, de hecho, sí que se muestra optimista sobre este punto, que ve perfectamente factible.

Infrafinanciación y empobrecimiento

Según el informe del Ivie, son cuatro las autonomías que actualmente sufren más gravemente los efectos de la infrafinanciación: Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y País Valencià. Sin embargo, las cifras que arroja el informe también certifican que la autonomía valenciana tiene, entre estas, el dudoso honor de sufrir una situación más lesiva, ya que ha estado infrafinanciada durante todos los ejercicios y, además, lo ha hecho a más distancia de la media.  

Ello ha supuesto, como se explica más arriba, que el País Valencià haya caído cuatro puestos en el ranking de PIB per cápita durante las dos décadas analizadas, lo que supone un claro empobrecimiento relativo y una caída que Juan Pérez no duda en calificar de muy significativa. De la misma manera, Pérez también reafirma que, en este proceso de empobrecimiento vivido durante los últimos años por el País Valencià, la infrafinanciación es un factor clave para explicarlo.

Uno de cada cuatro valencianos en riesgo de exclusión social

Las cifras de empobrecimiento relativo, analizadas bajo los parámetros de la infrafinanciación autonómica, pueden parecer abstractas, pero lo cierto es que tienen una incidencia real. Así se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2024, que se ha publicado recientemente en el Portal Estadístico de la Generalitat y que concreta en el País Valencià y su territorio los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ECV nos deja un escenario actual en el que más de uno de cada cuatro valencianos se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, según el cálculo realizado de la tasa AROPE (siglas de riesgo de pobreza o de exclusión, en inglés). Concretamente, un 26,3% del total.

Esta cifra supone un aumento de casi un punto entero respecto al año anterior, cuando fue del 25,5%. Pero, asimismo, también se constata una brecha de género en los datos: un 26,7% de las mujeres se encuentran en riesgo de exclusión social, contra un 25,5% de los hombres.

Por lo que respecta a los menores de 16 años, más de un tercio de los niños y las niñas valencianos están en situación de pobreza, con una tasa del 34,4%; es decir, 8,2 puntos por encima de la tasa para el total de la población).

Dentro del País Valencià, también se observa una gran diversidad territorial. Las comarcas con más incidencia del turismo, como son la Marina Alta (Dénia, Calp o Xàbia), con un 35,5%; la Vega Baja del Segura (Orihuela o Torrevieja), con un 34,9%, o la Marina Baixa (Benidorm), con un 34,4%, son también las que presentan unos datos más elevados de población en riesgo de exclusión social.

En el extremo opuesto, nos encontramos con la Plana Baixa (Vila-real u Onda, con la potente industria cerámica), con un 18,9%; Els Ports (Morella), con un 18,9%, y L’Alt Maestrat (Albocàsser o Benassal), con un 20,4%. En definitiva, unos datos que revelan una realidad que concuerda poco con el relato del Levante Feliz.