El Estado rescata en el Pirineo su segunda central eléctrica

Ya van dos, y ambas en el Pirineo oscense: la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha hecho, cuatro años después, con la segunda central hidroeléctrica cuya gestión pasa a manos públicas tras caducar una concesión que durante décadas ha sido explotada por empresas privadas y cuyo último titular ha sido, en este caso, Acciona.

Se trata del llamado Salto Auxiliar de Campo, ubicado en la localidad oscense del mismo nombre, junto al pequeño embalse de Gradiello, equipada con una potencia de 1.670 kilowatios y con capacidad para turbinar un caudal de hasta 20.000 litros de agua por segundo procedentes de la central de Argoné, también de Acciona.

La CHE, un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, explotará la central durante dos años, periodo tras el que debe sacar a concurso de nuevo la concesión para explotar el salto, cuyo paso definitivo a manos públicas reclaman entidades como Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés), que reúne a más de un centenar de municipios y comarcas de la montaña. El proceso cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón.

La energía más rentable

Esta es la segunda central eléctrica cuya gestión pasa a manos públicas en España tras vencer la concesión para que la explotara una empresa privada, un proceso de reversión al que, pese a establecer la Ley de Aguas que las instalaciones deben pasar “gratuitamente y libres de cargas” a la “Administración competente” en cuanto caduquen los permisos, llevan décadas poniendo trabas los gobiernos centrales tanto del PSOE como del PP.

Las 800 centrales eléctricas instaladas en los ríos españoles cubren en torno a un 15% de la demanda estatal de electricidad y resultan ser la rama más rentable del sector por la combinación de tres factores: se trata de plantas mayoritariamente amortizadas, utilizan una fuente de bajo coste como el agua y su producción, por el peculiar sistema de subasta marginal que se aplica en España, llega a venderse al mismo precio que la de las centrales térmicas que queman combustibles fósiles.

De hecho, la reversión de la primera central que pasaba a manos estatales, la de Pueyo de Jaca, en el río Gállego, reveló que, aunque su precio de venta al público supera los doce céntimos, generar un kilowatio de hidroelectricidad cuesta menos de uno. Con una potencia instalada de 15 megawatios, El Pueyo produce 63 millones de kilowatios/hora al año, según las estimaciones de la CHE.

Eso ha permitido destinar energía a bajo coste para regadíos sociales y reducir notablemente la factura de la luz de los vecinos y de los ayuntamientos de Hoz de Jaca y de Panticosa, los municipios que durante décadas han soportado el peaje de albergar sus instalaciones y que han reclamado ante la Audiencia Nacional la titularidad del mismo.

Medio centenar en una década

Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente no ha mostrado ninguna prisa por tramitar la reversión de las cinco centrales cuyas concesiones caducaron entre 2014 y 2016 (El Torcido y Contreras en el Júcar, Barrosa y Urdiceto en el Ebro y Enviande en el Miño), ni por las seis que lo hacen este año (Castro-Cadelas y Castadón, en el Miño; Molino de Corveiras, Mazonovo y San Tirso en el Cantábrico y Tobera y Cebolla en el Ebro y el Tajo).

Y nada apunta a que vaya a tenerla por las otras 34 que caducan en los seis ejercicios siguientes, en una política similar a la que llevó a los ejecutivos de Rodríguez Zapatero a prorrogar hasta los 149 años la explotación del salto de Peares por Gas Natural-Fenosa.

Más bien al contrario: la propia CHE tuvo que reabrir a principios de 2016 un nuevo expediente para la reversión del salto de Lafortunada, caducado en 2007, después de que este caducara en los cajones del ministerio, en los que pasó 18 meses. Endesa pide prorrogar hasta 2061 la concesión de esta central, con una potencia instalada de 40 megawatios.

Las trabas de Medio Ambiente

De hecho, la reversión del Salto Auxiliar de Campo tiene más que ver con el empeño del organismo de cuenca que con la posición del ministerio: el expediente fue íntegramente tramitado en la CHE por tratarse formalmente de una minicentral con una potencia instalada inferior a los 5.000 kilowatios, por lo que al departamento de Isabel García Tejerina, contrario a otras medidas sociales como la cesión del 25% de la producción hidroeléctrica  (unos 1.200 millones anuales), no le quedó más remedio que bendecir la resolución, a la que le añadió el requisito de sacarla a concurso en dos años.

Acciona, por su parte, ha recurrido la extinción del permiso ante la Audiencia Nacional, lo que da pie a un pleito que, una vez sea ventilado en el Supremo, ayudará a esclarecer el futuro de las instalaciones hidroeléctricas en España y su titularidad una vez expire la vigencia de sus concesiones.

Por lo pronto, el Supremo ya ha resuelto que el plazo máximo para la explotación privada de un salto es de 75 años. Siempre, claro, que ese periodo no hubiera sido sobrepasado por una prórroga emitida antes de la sentencia. Y a expensas, por supuesto, de que el próximo Plan Hidrológico Nacional pueda cambiar las reglas del juego antes de que finalice la legislatura.