El Ministerio de Trabajo y Economía Social considera "indecentes" los expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados por Telefónica para seis mil trabajadores en España. La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ha subrayado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "el dinero público no está para despedir a nadie por muy buenas que sean las condiciones de negociación".

"No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras (en ese momento todavía no se conocía la afectación final). Lo digo así de claro", ha subrayado Díaz al ser preguntada sobre este asunto.

Esta postura ha sido trasladada por el Ministerio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee el 10 % del capital social de Telefónica, según han confirmado fuentes de este departamento.

Las mismas fuentes afirman que, en su escrito a la Sepi, Trabajo destaca particularmente el hecho de que la operadora sea una empresa con beneficios y, además, con participación pública.

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Al respecto, fuentes de SEPI recuerdan que, tal y como ha manifestado el Gobierno, la sociedad estatal mantiene en Telefónica la exigencia de que haya acuerdos con la parte social en cuestiones relativas al empleo. Las medidas con impacto en la plantilla deben ser fruto de negociación y acuerdo con la parte social, aseguran las mismas fuentes, que defienden que SEPI está segura de que la empresa y los sindicatos llegarán a un acuerdo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó el lunes la importancia de que los ERE que prepara Telefónica "avancen de la mano de la negociación de los sindicatos", y dijo que el Gobierno "estará encima y pendiente" de esas conversaciones.

La pasada semana, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que el ERE deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. "En relación con Telefónica, puedo decir que la posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", subrayó López en declaraciones a la prensa.

La afectación del ERE alcanza las 6.088 personas  

Telefónica ha planteado entre este lunes y martes a los sindicatos un total de siete ERE para sendas filiales en España que afecta a 6.088 trabajadores (un 24,3% del personal en España y un 35,3% de la plantilla de las sociedades afectadas), aunque es de prever que estas cifras se reduzcan notablemente a lo largo del proceso de negociación. 

Según la documentación jurídica facilitada por la empresa a los sindicatos, la afectación del ERE se divide en 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 378 en Telefónica S.A. (32,58% sobre una plantilla total de 1.160); 279 en Movistar+ (32,45% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638); y 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993).

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El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste de este despido colectivo se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía en los últimos años.

El nuevo ERE en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

Críticas de los sindicatos

UGT y CCOO, según señalan en un comunicado, no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Ambos sindicatos señalan que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que consideran deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo

Así, apuntan que su prioridad será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa. También exigirán que sean procesos voluntarios, basados en prejubilaciones y universales.

En el mismo comunicado señalan que no aceptarán acuerdos parciales y apuntan que las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben "avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que podamos respaldar".