El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Agilización Procesal, que eleva la cuantía para recurrir por esta vía al Tribunal Supremo, en la jurisdicción Civil y de lo Contencioso-Adminitrativo, de 150.000 a 800.000 euros, lo que reducirá drásticamente el número de recursos de casación que estudiará el alto tribunal.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que con esa reforma se agilizarán "los procesos civiles y contenciosos". "La Justicia nos preocupa por los ciudadanos y por la economía", agregó en referencia al citado proyecto de ley y al también aprobado hoy para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Justicia.

El Gobierno informó de que el proyecto de agilización procesal está "destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, dos órdenes jurisdiccionales fundamentales para la actividad económica".

Entre las medidas que incluye la reforma figura el eliminar la apelación en los juicios verbales por cuantía inferior a 6.000 euros. Un punto que ha sido muy discutido por catedráticos de Derecho Procesal y por las asociaciones judiciales. Sólo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) declaró a Público estar a favor. Su portavoz, Pablo Llarena, considera "obvio adecuar la entrada de asuntos a las posibilidades reales de los tribunales".

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, critica la reforma porque potenciará sentencias firmes "contradictorias" en los juzgados de primera instancia, que están saturados de trabajo, lo que producirá "inseguridad jurídica".

Desde el Ministerio de Justicia se ha hecho hincapié en que el anteproyecto recibió el visto bueno de múltiples órganos consultivos, como el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que sólo dos vocales votaron en contra.

Precisamente, la Comisión Asesora para las Reformas Legislativas del Consejo hizo público este viernes que "no comparte las opiniones de quienes critican el Anteproyecto argumentando un infundado perjuicio para los derechos de los ciudadanos".

A su juicio, "la norma en los términos propuestos en el informe emitido por el CGPJ contribuirá decisivamente a una verdadera tutela judicial de los derechos de los ciudadanos, al fomentar que lleguen al Supremo aquellos asuntos sobre los que no exista doctrina reiterada".