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La Audiencia Nacional debate si extradita a Billy el Niño a Argentina

EFE

La Audiencia Nacional celebra la vista de extradición del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, reclamado por Argentina por torturas en el franquismo, entrega a la que se opone la Fiscalía al considerar que estos hechos estarían prescritos y se pueden investigar en España.

La vista al expolicía se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim ante la sección segunda de la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Concepción Espejel (presidenta), Clara Bayarri y Julio de Diego.

El pasado día 3 de abril, la Audiencia Nacional acogió otra vista de extradición dentro de la misma querella planteada en Argentina por víctimas de la dictadura franquista, en esa ocasión la del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, que se opuso a ser entregado.

En la vista del capitán Muñecas, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, el mismo que acudirá a la de Billy el Niño, también se negó a que se le extraditara porque considera que los hechos están prescritos, pero alentó al Gobierno argentino a presentar una denuncia en el juzgado de Zarauz, donde supuestamente el ex guardia civil cometió torturas en los años 60.

En la vista de Billy el Niño, el fiscal mantendrá la misma postura, pues ya anunció en un escrito que se opondría a la extradición del exinspector.

En el informe, el fiscal afirmó que los hechos por los que se le reclama -torturas a trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975- estarían prescritos y, en todo caso, serían competencia de la justicia española y no de la Argentina.

La extradición de estos dos exmandos de la Policía y la Guardia Civil, que tiene prohibido la salida de España, la pidió la juez argentina María Servini tras admitir una querella contra ellos por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores (lo que aludiría a la trama de los bebés robados) durante la época franquista.

Billy el Niño, de 67 años, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975 en las cárceles madrileñas de Yeserías y Carabanchel.

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