La votación de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, fruto de un pacto entre el PP y el PSOE junto a Unidas Podemos, sigue calentando el debate público. Dos de esos nombramientos, los propuestos por el Partido Popular, han sido especialmente polémicos por su evidente vinculación a dicho partido; no obstante, el líder del PP, Pablo Casado, vuelve a defender los perfiles de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para el Tribunal Constitucional, a los que considera personas "independientes" y de "reconocido prestigio profesional".

En una visita a La Palma, Casado ha acusado a otros partidos "minoritarios" de intentar "confundir" a la opinión pública porque, según ha dicho, el tribunal de garantías constitucionales "no es Poder Judicial". El diputado sigue "manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial", que, según ha dicho, "es el Tribunal Supremo".

"El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. Y tampoco el Tribunal de Cuentas", ha afirmado, para añadir que se trata de órganos constitucionales, cuya elección depende de los diputados y senadores que representan al pueblo español, informa Europa Press.

El Tribunal Constitucional, que no depende orgánicamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene jurisdicción propia y sus sentencias resuelven conflictos entre leyes, posibles colisiones con derechos fundamentales de la Carta Magna (mediante la figura del recurso de amparo) y asuntos competenciales.

Sus miembros (12) se eligen por un periodo de nueve años, y su elección se reparte así: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Casado, a pesar de la abrumadora cantidad de información que vincula tanto a Arnaldo —de quien ha remarcado su "imparcialidad absoluta"— como a Espejel con su partido, ha intentado esquivar cualquier duda incómoda afirmando que el PP ha seguido "los parámetros" que manda la Constitución para la renovación de los órganos jurisdiccionales, que "no marca vetos" sino la "idoneidad profesional".

La "imparcialidad" de sus señorías

Las criticas más duras las ha recibido el ahora magistrado del Constitucional electo Enrique Arnaldo, tan cercano al Partido Popular que puede decirse que ha medrado gracias a esa afinidad.

Es público y notorio su perfil como conferenciante asiduo de la Fundación FAES, y ha publicado más de 300 columnas de opinión en los que se ha mostrado abiertamente contrario a asuntos como el aborto o la recuperación de la memoria histórica.

Hace años estuvo envuelto en casos de corrupción como el caso Palma Arena, en el que fue investigado y luego 'desimputado'. Sus actividades empresariales y  cargos en fundaciones que ha ocultado han generado dudas razonables por cuestiones de incompatibilidad. Una de las guindas que coronan sus actitudes de dudosa "imparcialidad" fue su papel como organizador de un master en la Universidad Rey Juan Carlos, en el que enchufó a un hijo suyo y al del que fuera fiscal general del Estado, José Manuel Maza, además de a otros jueces.

Por su parte, la magistrada Concepción Espejel es abiertamente afín al PP, tanto que se ha visto varias veces apartada de manera forzosa en casos que investigan la corrupción en el Partido Popular, como el de la trama Gürtel o el de los papeles de Bárcenas. La hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —un nombramiento que ya en 2017 levantó ampollas— es amiga personal María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, para quien siempre fue su "querida Concha".

Ambos han defendido recientemente su "imparcialidad" y han negado haber pagado "peajes políticos" por sus nombramientos. 

Defensa de un pacto difícil

La resaca de los polémicos nombramientos —ocho diputados en la izquierda rechazaron a Enrique Arnaldo en el Congreso, rompiendo la disciplina de partido— evidencia los roces y el desgaste entre los socis del Gobierno por "tragarse el sapo" de votar a candidatos tan vinculados al PP, con el fin de desbloquear la renovación de éste y otros órganos jurisdiccionales básicos para el Estado.

Pese a las críticas desde la propia izquierda, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respaldado las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre el nombramiento de Arnaldo, en concreto, "cuando ha señalado que el PP no ha estado a la altura y aun así hemos hecho lo que teníamos que hacer: garantizar el final del secuestro por parte de la derecha y de la ultraderecha de los órganos constitucionales".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer le pese a quien le pese", ha afirmado, y ha asegurado que se trataba de "un consenso social" y lo que han hecho es dar respuesta a ese consenso.