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La jueza Concepción Espejel, marcada por su afinidad al PP, entra en el Constitucional

Además, la magistrada Inmaculada Montalbán, experta en Igualdad y en violencia contra las mujeres; el juez progresista Ramón Sáez, y el catedrático Enrique Arnaldo Alcubilla, salpicado por casos de corrupción del PP de Madrid, ingresan en el tribunal de garantías, según el acuerdo entre PSOE y PP.

La magistrada Concepción Espejel con la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el día que le impuso  la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en junio de 2015. EFE
La magistrada Concepción Espejel con la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el día que le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en junio de 2015. EFE.

Sorpresa en el Tribunal Constitucional (TC). El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar a cuatro magistrados con el mandato caducado desde 2019 arroja un nombre de difícil encaje en las perspectivas de perfiles moderados y técnicos que se presuponían desde que hace una semana se conoció que los dos principales partidos se sentaban, por fin, a dialogar sobre la renovación del tribunal de garantías y de los otros órganos constitucionales. Es el de Concepción Espejel, una jueza marcada políticamente como indisimuladamente afín al PP.

Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional son: Ramón Sáez e Inmaculada Montabán, jueces de perfil progresista; y Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, de ideología conservadora. Con el ingreso de dos nuevas mujeres en el TC, suman ya tres, junto con María Luisa Balaguer, de entre los doce miembros que lo componen. 

Concepción Espejel es, desde 2017, la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un nombramiento que generó mucha polémica por su pasado ligado al Partido Popular y a su amiga María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa. De hecho, Cospedal le impuso la orden de San Raimundo de Peñafort.

Espejel entró en 2008 como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del Partido Popular.  En 2016, la jueza fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que iban a juzgar la primera época de la trama Gürtel debido a su afinidad con el Partido Popular, imputado en la causa; no había querido abstenerse por iniciativa propia. 

Los jóvenes procesados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles de paisano recusaron antes de su juicio a la jueza Espejel por su afinidad con la Benemérita, al estar casada con un mando de la Guardia Civil, pero la recusación cayó en saco roto. 

Los nuevos magistrados

Ramón Sáez, actual magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desde 2007, ha estado muchas veces en las quinielas para entrar en el Tribunal Supremo. Ha sido ponente de importantes sentencias, como la que absolvió al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

Inmaculada Montalbán, actual magistrada de TSJ de Andalucía, es miembro de la asociación judicial progresista Jueces y Juezas para la Democracia. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, experta en igualdad de género. Ocupó la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. 

En cuanto al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, también fue vocal del CGPJ. En 2012, cuando abandonó el gobierno de los jueces, se dedicó a la abogacía y a defender a varios cargos del PP imputados en casos de corrupción, como al expresidente balear Jaume Matas, en el caso Palma Arena. El nombre de Arnaldo figuró en las escuchas telefónicas de los investigadores en el marco del caso Lezo, de corrupción del PP de Madrid, vinculado a las maniobras para que el expresidente Ignacio González saliera indemne de la causa por su ático en Málaga

Arnaldo fue abogado defensor también del juez Enrique López (ahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid), cuando fue sorprendido conduciendo su moto en estado de embriaguez, caso por el que, justamente, tuvo que dejar su puesto en el Tribunal Constitucional.

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