Avanza 2021 sin visos de que los dos partidos mayoritarios alcancen un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya caducidad va camino de los tres años. Al margen del debate sobre si el vigente sistema de elección de los veinte vocales que conforman el órgano del gobierno de los jueces es el más adecuado, lo cierto es que desde hace lustros la ciudadanía viene advirtiendo una progresiva politización de la Justicia. 

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de 2019 --la última vez que se preguntó específicamente sobre la independencia judicial--  así lo constató. El 48% de los encuestados contestaron que la Justicia funciona mal o muy mal; de ese porcentaje, el 26,7% dijo que el motivo era porque estaba politizada. Respecto al grado de independencia del Tribunal Supremo, la mayoría contestó que era bastante bajo o muy bajo (44,2%), frente al 29,8% que contestó que era muy alto o bastante alto. 

Muy significativas fueron una pregunta concreta y la respuesta obtenida en el barómetro del CIS de febrero de 2011, que no se volvió a repetir en el anteriormente citado barómetro de julio de 2019: "¿Cree que los jueces y juezas en general son más bien conservadores, más bien progresistas o ni lo uno ni lo otro, no son más conservadores y progresistas que el resto de la sociedad?" El 45,2% de los encuestados contestó que eran más bien conservadores, frente al 12% que creía que eran más bien progresistas, y al 18,6% que optó por la tercera opción. 

En los barómetros de 2019 y de 2011, el grado de independencia de los jueces y juezas fue calificado como "bastante bajo o muy bajo" por un 50,8% (2019) y un 39,8% (2011) de los encuestados que habían respondido previamente que la administración de Justicia funciona mal. Así, pues, en ocho años creció considerablemente el porcentaje de los ciudadanos críticos con la independencia judicial. La sociedad española percibe, en base a los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas, un deterioro de la Justicia por una politización que tiene su máximo exponente en la cúpula judicial.

Acuerdo fallido en 2018

La última vez que el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial fue en noviembre de 2018 y la cosa salió mal. Gobernaba entonces Pedro Sánchez, tras la aprobación de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El mandato del CGPJ, con Carlos Lesmes al frente, llegaba a su fin en diciembre de 2018. PSOE y PP pactaron el nombramiento de Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2014, como nuevo presidente del Supremo y del CGPJ. Pero una indiscreción de Ignacio Cosidó, exportavoz del Grupo Popular en el Senado, dejó en evidencia la separación de poderes y abortó la renovación del CGPJ.

Cosidó escribió en un grupo de Whatsapp de los senadores del PP: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás", en relación al nombramiento de Marchena como presidente del Supremo. El portavoz del PP explicó a sus compañeros, a través de mensajes en el móvil, que "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61", apuntaba Cosidó, en relación a la Sala especial del artículo 61 de la LOPJ, que se ocupa de los incidentes de recusación de los presidentes de Sala y de los procesos de ilegalidad y disolución de formaciones políticas, según la Ley de Partidos. 

Tras desvelarse esos mensajes, que evidenciaban la jugada del PP para controlar el Tribunal Supremo, el escándalo fue mayúsculo. Manuel Marchena retiró su candidatura para presidir el Supremo, en un gesto aplaudido por la carrera judicial. Pero ¿qué hubiera ocurrido si esos mensajes de Cosidó no se hubieran filtrado? Tras el grave incidente, la renovación del CGPJ quedó suspendida, hasta hoy.

Nombramientos polémicos

El mandato de Carlos Lesmes como presidente del Supremo y del CGPJ comenzó en diciembre de 2013, es decir, lleva en el cargo siete años y nueve meses. En todo este tiempo, su CGPJ ha favorecido el ascenso a la cúpula a una serie de magistrados reconocidos por su afinidad con el Partido Popular. Por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Lesmes nombró presidente a Miguel Pascual de Riquelme en detrimento de la magistrada Pilar Alonso, con más méritos y experiencia. El caso está en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. 

La designación de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en 2017, constituye el mejor ejemplo de la politización de la Justicia efectuada desde las entrañas mismas del CGPJ. Espejel fue recusada y apartada de varios juicios de la trama Gürtel del PP por su  cercanía al Partido Popular. En 2015, la Fiscalía Anticorrupción consideró probada la relación de Concepción Espejel con el PP. Dos años después, la magistrada fue elegida con los votos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

El propio Carlos Lesmes no es ajeno a una vinculación con el PP. Durante ocho años, entre 1996 y el año 2004, ejerció como alto cargo del Ministerio de Justicia, nombrado por José María Aznar. Fue director general de Objeción de Conciencia y, posteriormente, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.