Las expresiones proferidas por el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en el acto de apoyo al juez Baltasar Garzón, celebrado el 13 de abril del año pasado en la Universidad Complutense de Madrid, "no son ultrajantes, ni aparecen como objetivamente injuriosas u oprobiosas". Se enmarcan en la libertad de expresión y, por tanto, no son constitutivas de delito.

Por eso, el fiscal Carlos Bautista pidió ayer al juez Pablo Ruz que archive la denuncia presentada por un particular y que llegó a la Audiencia Nacional de manos del Tribunal Supremo. El alto tribunal entendió que la competencia correspondía a un Juzgado Central de Instrucción, porque las palabras del ex fiscal jefe podrían ser constitutivas de un delito de calumnias contra altas instituciones de la nación, en referencia al propio Supremo.

El informe fiscal se centra en las manifestaciones de Villarejo que aparecen en las grabaciones del acto. El auto que resolvió la cuestión de competencia planteada por un juzgado de Madrid incluía otras que no constan en las imágenes. De ahí que Bautista revise la consistente en "instrumento de la expresión actual del fascismo español" y la imputación de complicidad con las torturas de la dictadura franquista de las carreras judicial y fiscal que ejercieron su función antes de 1975.

Respecto a la primera dictamina que "se refiere al hecho objetivo" de que unas de las querellas presentadas en el Supremo contra Garzón es de "Falange Española" de las JONS, "que recoge en su ideario los principios ideológicos de José Antonio Primo de Rivera".

La crítica a la actuación de la Justicia durante la dictadura, según el fiscal, es "dura, áspera" y "solo entendible desde una perspectiva en cierto modo autocrítica", porque el propio Villarejo ejercía antes de 1975.

A juicio del fiscal, "parece, pues, desmedida y ajena al derecho penal la pretensión de proteger el honor" en general del cuerpo de jueces y fiscales durante la dictadura.

El informe recuerda el "intenso debate jurídico y extrajurídico" que provocó la imputación de Garzón por abrir la primera causa penal por los crímenes del franquismo. Y en él se encuadran las críticas de Villarejo, que ejerció lo que no solo es un derecho fundamental de cada ciudadano sino también un requisito básico para que funcione un Estado democrático.

Al tratarse de una denuncia, no hay partes personadas, aunque Manos Limpias intentó sumarse a la causa. Al no haber acusación, previsiblemente Ruz seguirá el criterio fiscal.