Los 'hacktivistas' "no tienen ninguna cúpula"

"En Anonymous no hay ninguna cúpula; las opiniones de todos tienen el mismo valor", sostiene Alca, un exadministrador de la red hacktivista. "Los ataques se organizan según los objetivos que proponga la gente, siempre estando razonados, y con apoyo de la mayoría". Para él, toda la operación policial es un despropósito. Hackers, abogados y expertos de la red coinciden con Alca. No se puede detener y acusar a tres personas de lo que han hecho miles.

Aunque Alca ya no está en primera línea, ha sido responsable de mantener servidores de Anonops y de Anonworld, redes desde las que la nebulosa que forma Anonymous organiza sus ataques. "En cuanto al nivel técnico, más que una cúpula se podría decir que hay ciertas personas con unos niveles técnicos elevados que se ofrecen voluntarias, por conocimientos y experiencia, a coordinar los objetivos comunes. Esta gente no organiza ataques, simplemente se encarga de que la voluntad popular se cumpla y se ataque al objetivo designado", añade. Que uno de los detenidos tuviera supuestamente un servidor donde había montado un chat IRC no hace, según Alca, que haya cometido ningún delito.

"Tres personas solas no pueden echar abajo un servidor", dice un abogado

Tal y como funciona Ano-nymous, sin cabezas visibles ni jerarquías, es un conglomerado de personas el que usa canales de comunicación como los chats para ponerse de acuerdo. Pero son ellos los que, tras instalarse un programa determinado (llamado LOIC), echan abajo una página. Una persona sola no puede abatir un servidor por muchas peticiones de información que le haga.

LOIC automatiza el proceso de conexiones. Pero tienen que ser centenares o miles los que hagan las mismas peticiones de forma sincronizada hasta que, incapaz de atender tantas a la vez, la página deja de responder. Es lo que en jerga de la seguridad informática se llama ataque de denegación de servicio o DDoS. Los chats sólo sirven para decidir el objetivo y la hora. "Si lo más sólido que tienen contra uno de ellos es un servidor de IRC, van finos para imputarle nada", opina Alca.

De la misma idea es el abogado Carlos Sánchez Almeida, habitual defensor de hackers. "Si tú empujas a alguien y al caer muere, serás responsable pero que, en una avalancha, una multitud lo pise y muera no hace responsable a la masa", ejemplifica Sánchez Almeida. En el derecho penal, "hay que individualizar la responsabilidad", explica el letrado. "Y por tener un chat no se pueden cometer delitos", añade. Como él explica, tres personas solas no pueden echar abajo un servidor. Sánchez Almeida, que en parte agradece no llevar la defensa de los detenidos para poder hablar más libremente, sostiene que "o se sienta en el banquillo a 10.000 personas o van a cometer una injusticia".

"La detención es un esperpento", afirma un experto en internet

Un experto en internet y los movimientos de la red como el profesor Enrique Dans es de la misma opinión. "Pretender que se ha detenido a la cúpula de una organización que ni es organización ni tiene cúpula es, sencillamente, un esperpento. Si le añadimos la patética foto del policía español, a estas horas ya pasada por Photoshop miles de veces, mostrando una careta de Anonymous como si fuera una prueba de la pertenencia a Al Qaeda de los tres detenidos, la cosa ya pasa a ser directamente de película de Torrente", comenta. En efecto, en la tarde ayer, el tema más comentado en Twitter en España era el de #cupulasinexistentes.

"Considerar delito un ataque distribuido de denegación de servicio cuando es, en la práctica, completamente imposible detener a quienes lo llevaron a cabo porque suelen ser cientos o miles de personas es una barbaridad judicial: nada desacredita más al sistema que promulgar leyes de imposible ejecución", añade.

La inexistencia de líderes fue el tema más comentado ayer en Twitter

Por otra parte, y coincidiendo con las declaraciones de la BIT sobre la detención de los internautas de Anonymous, los ministros de Justicia de los Veintisiete alcanzaron ayer un acuerdo político, pendiente de ratificar por la Eurocámara, sobre una norma para luchar contra los ciberdelitos que eleva las penas de cárcel mínimas para quienes realicen ataques contra un sistema informático, hasta situarlas entre dos y cinco años.