El juez instructor del caso Umbra, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Murcia, mantuvo ayer la imputación al edil de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberana, a quien el PP le garantizó de inmediato y en público su continuidad. Pese a que el juez desechó levantarle la imputación como presunto prevaricador, Berberana abandonó los juzgados haciendo el signo de la victoria y declarándose 'contento y tranquilo'.

El concejal, que declaró durante dos horas, está imputado por prevaricación como máximo responsable de varios convenios urbanísticos en virtud de los cuales se permitió construir 25.200 viviendas en suelo que antes era rústico. Las estipulaciones de esos convenios causaron al consistorio un quebranto económico superior a 300 millones de euros, según la Intervención General del Estado (IGAE). Los investigadores del caso sostienen que el ayuntamiento tasó a la baja el suelo, de modo que se vieron mermadas las compensaciones que debían pagar los promotores beneficiados por las recalificaciones. Entre los imputados figura el presidente del Murcia, Jesús Samper.

La operación estalló el martes con el arresto de tres personas, entre ellas Alberto Guerra, número dos de Urbanismo. Guerra renunció el jueves al cargo de gerente de Urbanismo, y lo hizo un día después de declarar ante el juez casi cinco horas. En el caso hay ya una veintena de imputados.

Como informó Público, este caso ha destapado cómo Guerra dio un pelotazo de 600.000 euros gracias a otro de los detenidos, el abogado Higinio Pérez Mateos. El pelotazo fue posible gracias a una recalificación en Ulea (Murcia) que logró Pérez Mateos. El pelotazo se produjo poco antes de que, como gerente de Urbanismo, Guerra diera vía libre a un convenio que benefició a empresas representadas por Higinio Pérez Mateos.