El magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo fue uno de los principales defensores de las dos recusaciones presentadas por el PP contra su compañero Pablo Pérez Tremps para apartarle del debate del Estatuto de Cataluña. Fueron necesarios dos intentos para conseguirlo.

El pasado 5 de febrero, el Pleno del alto tribunal estimó la segunda impugnación presentada contra Pérez Tremps y quedó apartado de la resolución del recurso del PP contra la norma autonómica. Esta decisión supuso que los magistrados que se presumen del sector conservador del alto tribunal sean mayoría a la hora al resolver este recurso, aunque las fuerzas están igualadas entre los dos bloques en los otros seis presentados contra el Estatut.

A pesar de tener desde el principio claro que Pérez Tremps estaba contaminado y debía ser apartado del recurso contra el Estatuto catalán, García-Calvo no ha considerado necesario abstenerse de la impugnación que presentó el Grupo Popular contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a pesar de que según expertos constitucionalistas su actuación en este caso permite interponer contra él una recusación 'de libro'.

El motivo es la carta que envió el pasado mes de junio a la presidenta, María Emilia Casas, en la que, junto con Jorge Rodríguez-Zapata, pedía su dimisión. La misiva adelanta la posición de ambos en la resolución del recurso del PP contra la ley reguladora del alto tribunal, ya que dejaba constancia de su 'más profunda discrepancia' con 'la reforma en el punto relativo a la prórroga del mandato actual como presidenta y vicepresidente del tribunal'.

Al no abstenerse, como sí hicieron Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, el Gobierno queda obligado a recusar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata, si quiere salvar la ley y con ella la prórroga del mandato de la actual presidenta hasta que deje de ser magistrada, lo que está previsto que ocurra en diciembre.

Tras aceptar el Pleno la abstención de Casas y Jiménez, el sector conservador ha inclinado la balanza a su favor, al reemplazar en el recurso contra la reforma de la ley a una presidenta progresista por un conservador, Vicente Conde, que utilizó el voto de calidad en su primera actuación.

De juez a magistrado

García-Calvo siempre ha sido calificado de ultraconservador. Por eso dedicó parte de su intervención en la comisión de nombramientos del Congreso en 2001 para salir al paso de tales acusaciones. 'He puesto un énfasis especial en preservar la figura de juez en lo que a su formación técnica, rigurosa selección y definida responsabilidad se refiere. Admito que por ello se me califique de juez conservador, mas lo que rechazo terminantemente es que se me tache de ultra o contrario a los valores constitucionales', destacó.

Roberto García-Calvo y Montiel, nacido en La Bañeza (León). Licenciado en Derecho y Fiscal como número uno de su promoción, fue teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Almería. En 1971 presidió el Tribunal Provincial de Amparo en la misma ciudad, y en 1976 fue nombrado gobernador civil de la provincia, puesto en el que permaneció diez meses y desde el que se reincorporó en la Carrera Judicial.

En 1989, un año antes de que el Consejo General del Poder Judicial fuera renovado, se le nombró vocal, por lo que trató de que el Tribunal Constitucional le reconociera su derecho a cumplir los cinco años de mandato, pero el recurso fue inadmitido.

Después fue fiscal del Tribunal Supremo hasta octubre de 1995 cuando fue designado magistrado de la Sala Segunda de este alto tribunal, puesto desde el que votó a favor de imputar al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, por los GAL y se mostró partidario de aplicar el indulto del Ejecutivo de José María Aznar al ex juez Javier Gómez de Liaño. Fue ponente de la sentencia que condenó a la Mesa Nacional de HB. En el Congreso afimó que era su única resolución que había sido revocada por el Constitucional, y explicó que no fue porque vulnerara derechos fundamentales, sino por el principio de desproporcionalidad de la pena atribuible a la legislación vigente.

Junto a sus compañeros de la Sala de lo Penal también condenó a la cúpula socialista de Interior por el secuestro de Segundo Marey.

Su propuesta como magistrado del Tribunal Constitucional estuvo a punto de dar al traste con las negociaciones mantenidas entre PP y PSOE para renovar el alto tribunal y el anterior Consejo General del Poder Judicial. Al final pasó el filtro con el voto de castigo de los diputados socialistas. En la comisión de nombramientos, previa a su designación como magistrado del Constitucional, quiso 'desmitificar' las afirmaciones que le situaban como 'una especie de gobernador franquista', y atribuyó su 'biografía preconstitucional' a algo debido a su edad. Cumplió 65 años el pasado mes de junio.

Aseguró que dimitió y no fue cesado como gobernador civil, periodo que definió como 'anecdótico paréntesis que algunos, con no muy buena intención, han intentado elevar a la condición de categoría'. Como prueba de que no fue obligado a abandonar el puesto, aseguró que sus relaciones con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, eran 'excelentes'.

Insistió en que en sus resoluciones, 'que es donde se conoce lo que hace un juez o magistrado', asumió desde el principio de su carrera profesional 'los valores constitucionales que se imponen a partir de nuestra Carta Magna de 1978'.