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Moncloa no ve necesario pedir a Bruselas un informe jurídico sobre la independencia catalana

El Gobierno de Rajoy considera que los Tratados europeos son suficientemente claros al respecto, y dejarían al territorio fuera de la UE.

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El Gobierno no pedirá a la Comisión Europea que elabore un dictamen jurídico sobre una eventual independencia de Catalunya y su impacto sobre su permanencia en la UE porque no lo ve necesario, han informado fuentes del Ejecutivo. Después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding aclarara por carta al Gobierno español que compartía su opinión con respecto a que una Catalunya independiente quedaría automáticamente fuera de la UE, un portavoz del Ejecutivo comunitario matizó que Bruselas solo dará su dictamen jurídico ante un escenario tal si el Gobierno español lo pide. Fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy han señalado que no tienen intención de solicitar formalmente a Bruselas ningún dictamen jurídico al respecto porque no lo consideran necesario.

En opinión del Gobierno, los Tratados de la UE ya establecen de forma clara que una eventual independencia catalana dejaría a este territorio automáticamente fuera de la UE, y que tendría que ponerse a la cola si quisiera pedir su adhesión, que tendrían que aprobar de manera unánime los Estados miembros. Lo cierto es que la Comisión Europea ha dado respuesta hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no. Ya en 2004 aclaró, en respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico, que 'una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia'.   Por tanto, si quisiera formar parte de la UE tendría que presentar una solicitud de adhesión que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro. Es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.

En el caso concreto de las aspiraciones independentistas catalanas, el Gobierno español lo tiene claro: La UE no aceptará una hipotética secesión de Catalunya u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español. Basa su convencimiento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España, y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía corresponde al conjunto del pueblo español.

Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada, porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo, el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso. En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta 'respetará' la 'identidad nacional' de los Estados miembros, identidad 'inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional'. También dice que 'respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional'.

Desde el Gobierno se explica que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina. Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.

La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que 'la soberanía nacional reside en el pueblo español' y en su artículo 2 deja claro que la Constitución 'se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española'. Por tanto, el Gobierno sostiene que una secesión unilateral de Cataluña o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.

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